La administración de Javier Milei enfrenta acusaciones de fomentar la desigualdad y el hambre a través de políticas de ajuste fiscal que han recortado drásticamente el financiamiento de programas alimentarios y de salud, llevando a un aumento alarmante en la pobreza y la indigencia en Argentina.

Desde la asunción de Javier Milei, la política de ajuste fiscal ha generado un impacto profundo en las condiciones de vida de millones de argentinos. El DNU 70/23, implementado para reducir el gasto público y los ingresos, ha desfinanciado programas clave, llevando a un notable incremento en la pobreza y la indigencia. La administración de La Libertad Avanza ha centrado sus esfuerzos en la reducción de transferencias estatales y el desmantelamiento de políticas alimentarias y de salud, provocando un deterioro significativo en la calidad de vida de la población.

Los recortes más significativos han afectado a los programas alimentarios y de salud, fundamentales para la protección social. El Programa de Políticas Alimentarias, que incluye la Tarjeta Alimentar, ha visto una reducción real del 26% en su alcance. Los comedores comunitarios y escolares han sufrido una caída del 82% en términos reales, mientras que el Plan Nacional de Primera Infancia y el Plan Nacional de Protección Social han experimentado recortes de hasta el 92%. En el ámbito de la salud, programas críticos como el de Acceso a Medicamentos y la Atención Sanitaria en el Territorio han registrado caídas presupuestarias de hasta el 96%, mostrando una clara falta de inversión en la salud pública.

El impacto de estos recortes es evidente en los datos sobre pobreza e indigencia. La pobreza alcanzó el 58,6% de la población en los primeros meses de 2024, aumentando en 13 puntos porcentuales respecto al año anterior. La indigencia, por su parte, llegó al 22,3%, afectando a aproximadamente 10,5 millones de personas. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables, con un 70,6% de ellos viviendo en condiciones de pobreza.

El impacto en la alimentación es particularmente grave: el consumo de productos lácteos, esenciales para el desarrollo infantil, ha disminuido un 19,5% en comparación con el año anterior. Este fenómeno refleja la creciente dificultad de las familias para acceder a alimentos básicos, llevando incluso a que el 52% de los hogares se vean obligados a restringir el consumo de alimentos esenciales.

El concepto de «genocidio económico» ha surgido como una forma de describir el impacto devastador de estas políticas. Expertos y defensores de los derechos humanos han utilizado este término para ilustrar la brutal privación de necesidades básicas, señalando que la administración de Milei podría estar llevando a cabo un «genocidio por planificación de la desigualdad» a través de sus políticas de ajuste y austeridad.

El análisis de estos datos y las consecuencias sociales de las políticas del gobierno de Javier Milei reflejan una profunda crisis de desigualdad y hambre, exacerbada por decisiones presupuestarias que han debilitado el tejido de protección social del país. La situación actual plantea serias interrogantes sobre el futuro del bienestar social en Argentina y la responsabilidad del gobierno en la crisis de pobreza y exclusión que se está desarrollando.