En un país donde más de 140.000 personas viven con VIH, el desmantelamiento parcial del Programa Nacional de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales, anunciado por el gobierno nacional, representa un retroceso sanitario y social de proporciones históricas. Lo que comenzó como una “reorganización administrativa” se ha traducido en retrasos en la entrega de medicamentos, parálisis de campañas de prevención y una ola de incertidumbre en redes comunitarias que durante décadas sostuvieron la lucha contra el estigma y la desigualdad en salud.

Las denuncias se multiplican: ONGs, activistas, profesionales de la salud y redes de personas con VIH advierten que los recortes no son sólo presupuestarios. “Se está vaciando el programa”, sintetizó un trabajador del área técnica desplazado sin explicaciones. La eliminación de funciones operativas clave ha generado cuellos de botella en la distribución de antirretrovirales, con pacientes que ya no saben si recibirán su medicación completa en las próximas semanas.

El Programa de VIH —creado en 1995 y fortalecido con el tiempo— garantizaba el acceso gratuito y universal a tratamientos, análisis, preservativos y acompañamiento psicosocial, y articulaba con cientos de organizaciones en todo el país. Su política integral, reconocida internacionalmente, fue un modelo regional en la combinación de estrategia biomédica y enfoque de derechos humanos.

Hoy, bajo el actual gobierno, la lógica de “achicar el Estado” se aplica sin distinción de daños. En nombre de la eficiencia, se suspenden convenios con centros de atención comunitaria y se desmantelan áreas que coordinaban campañas de prevención con poblaciones vulnerables: juventudes, mujeres trans, personas en situación de calle o privadas de la libertad. Se interrumpieron también procesos de compra centralizada de insumos como test rápidos y jeringas seguras.

El impacto no es solo sanitario: es simbólico y político. “Nos están diciendo que nuestras vidas valen menos”, expresó la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. “El Estado está abandonando su rol de garante de derechos”. En muchas provincias, organizaciones civiles han debido cubrir con fondos propios la distribución de medicamentos, testeos y acompañamiento que antes eran responsabilidad pública.

A esta situación se suma el riesgo de repunte de nuevas infecciones. La ciencia es clara: donde hay retroceso en prevención y atención, el virus avanza. La Argentina ya había logrado una meseta en los casos nuevos y una mejora sostenida en calidad de vida de quienes viven con VIH. Pero el desfinanciamiento actual amenaza con destruir décadas de avances.

Mientras los funcionarios hablan de “reordenamiento”, las redes comunitarias resisten con guardias mínimas y recursos escasos, intentando sostener la salud y la dignidad de miles. En los márgenes, donde siempre se peleó esta batalla, saben que no es la primera vez. Pero sí podría ser la más dura.