Un informe estima que el comercio ilegal provocará en 2026 una pérdida fiscal cercana a los 3.000 millones de dólares y ya afectó a casi 12.000 puestos de trabajo formales. Celulares, textiles, calzado, juguetes y electrónicos aparecen entre los sectores más golpeados.

La apertura de la economía argentina empieza a mostrar una de sus caras menos visibles: mientras crece la llegada de productos importados, también gana espacio el comercio que se mueve por fuera de los canales legales. El contrabando dejó de ser un fenómeno asociado exclusivamente a las zonas fronterizas y se convirtió en un problema que atraviesa comercios, industrias y plataformas de venta en todo el país.

Según un informe de la consultora MAP citado por El Destape, el costo fiscal del contrabando pasó de unos 2.300 millones de dólares en 2025 a una proyección cercana a los 3.000 millones para este año. El monto equivale aproximadamente al 0,3% del Producto Bruto Interno y representa recursos que el Estado deja de percibir por aranceles, IVA e impuestos internos.

El impacto no queda limitado a las cuentas públicas. El mismo relevamiento calcula que los sectores productivos afectados acumularon casi 12.000 empleos formales destruidos. La investigación analiza 15 actividades expuestas tanto al ingreso ilegal de mercadería como a mecanismos de subfacturación.

Entre los rubros mencionados aparecen los perfumes, celulares, juguetes, marroquinería, textiles, indumentaria, televisores, pequeños electrodomésticos, calzado, línea blanca, insumos agrícolas, alimentos y bebidas, cigarrillos, tabaco y neumáticos.

La particularidad del escenario actual es que la mercadería ilegal ya no circula solamente por los circuitos tradicionales. También puede aparecer en locales comerciales y plataformas digitales, mezclada con productos que ingresaron formalmente al país. El crecimiento del comercio electrónico amplió además las posibilidades de distribución y dificultó la identificación del origen de algunas mercaderías.

Uno de los ejemplos más claros es el mercado de celulares. De acuerdo con estimaciones sectoriales citadas en el informe, alrededor de un tercio de los equipos comercializados en Argentina ingresaría por canales irregulares. Sobre un mercado anual de aproximadamente 9,2 millones de unidades, más de 3,2 millones se venderían fuera del circuito formal.

La diferencia de precios ayuda a explicar por qué ese mercado consigue compradores. Según los datos relevados, los celulares comercializados informalmente pueden encontrarse entre un 30% y un 35% más baratos que los ofrecidos mediante canales formales, con diferencias que en determinados equipos llegan al 40%.

El problema se vuelve más complejo porque la reducción de aranceles también modificó las condiciones del mercado. Desde enero de 2026, los celulares importados tienen arancel de importación cero, una medida presentada por el Gobierno como una forma de aumentar la oferta y favorecer una reducción de precios. Sin embargo, la existencia de mercadería que ingresa directamente por fuera de los controles aduaneros mantiene una ventaja adicional para quienes operan en la informalidad.

La situación no es exclusiva de la electrónica. El sector textil, por ejemplo, viene denunciando una combinación de mayor competencia importada, contrabando y caída del consumo interno. La circulación de productos que ingresan de manera irregular agrega presión sobre empresas que deben afrontar impuestos, costos laborales y controles que no alcanzan de la misma manera a quienes operan fuera del circuito formal.

Para el Estado, la consecuencia es doble. Por un lado, pierde recaudación. Por otro, enfrenta una competencia desigual entre empresas que cumplen con las obligaciones tributarias y aquellas que comercializan mercadería que no atravesó los mismos controles.

El cálculo de MAP permite dimensionar el volumen de recursos en juego. Los 2.300 millones de dólares estimados para 2025 representaban una suma considerable dentro de las cuentas públicas y muestran que el fenómeno ya no puede ser considerado marginal.

El escenario también expone una tensión más amplia de la política económica. Abrir una economía puede facilitar el acceso a productos extranjeros, aumentar la competencia y modificar los precios. Pero una apertura comercial necesita mecanismos capaces de diferenciar con claridad entre una importación legal y una mercadería que evade los controles.

En esa frontera entre apertura e informalidad aparece uno de los desafíos centrales para el Gobierno. El debate ya no pasa solamente por cuánto se importa, sino por bajo qué condiciones se importa y qué capacidad tiene el Estado para controlar aquello que entra al país.

Las estimaciones privadas deben leerse además con cautela, porque se trata de cálculos sectoriales y no de una medición oficial integral del comercio ilegal. Aun así, los números permiten observar una tendencia que preocupa a distintos sectores productivos.

Si el contrabando crece al mismo tiempo que aumenta la importación formal, el problema deja de ser solamente aduanero y pasa a involucrar empleo, producción, recaudación y condiciones de competencia.

La economía puede abrir sus puertas, pero esa apertura también necesita controles capaces de garantizar que las reglas sean las mismas para todos. El desafío para la Argentina de 2026 no parece ser solamente importar más o menos, sino construir un mercado en el que competir legalmente no termine siendo una desventaja.