La privatización de los servicios públicos avanza con la intención de implementar un modelo empresarial en la gestión del agua.

El gobierno nacional impulsa un drástico cambio en la gestión de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), orientándola hacia un esquema de funcionamiento empresarial que podría afectar directamente a 700.000 usuarios con el corte del suministro de agua. Esta decisión forma parte de una serie de medidas de ajuste que buscan privatizar servicios esenciales, siguiendo el modelo propuesto por la administración de Javier Milei.

La transformación de AySA, que hasta ahora opera bajo una lógica de servicio público, busca implementar un esquema basado en la rentabilidad económica, similar al de las empresas privadas. En este contexto, los usuarios que presenten demoras en el pago de sus facturas podrían enfrentar la interrupción del servicio, algo sin precedentes en el manejo de este recurso esencial en el país.

Desde el Ministerio de Economía justificaron la medida señalando que «es necesario garantizar la sustentabilidad financiera de la empresa». Según fuentes oficiales, la reestructuración busca reducir los subsidios destinados al sector, en línea con la política de ajuste fiscal promovida por el gobierno. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia pone en riesgo el acceso al agua potable, un derecho humano fundamental.

Organizaciones sociales y referentes del sector sanitario expresaron su preocupación por las consecuencias de esta decisión. «Cortar el agua a quienes no pueden pagar es condenar a miles de familias a condiciones de vida inhumanas. Esto no es solo un ajuste, es una medida regresiva que impacta directamente en los sectores más vulnerables», afirmó un representante de la ONG Agua para Todos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), más del 30% de los hogares argentinos destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de servicios públicos, lo que agrava la situación en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo. La implementación de esta política podría profundizar las desigualdades y dejar a miles de usuarios sin acceso al agua potable.

La oposición también reaccionó con dureza ante el anuncio. «Esto no es un plan de gestión eficiente; es un ataque directo a los derechos básicos de la ciudadanía. El agua no puede ser tratado como un bien comercial, sino como un servicio esencial», señalaron desde el Frente de Todos en un comunicado.

En paralelo, trabajadores de AySA manifestaron su preocupación por el impacto de la privatización en la estructura laboral de la empresa. Advierten que esta transformación podría derivar en despidos masivos y precarización del empleo, mientras se prioriza la rentabilidad por sobre el servicio.

La controversia sobre AySA se enmarca en un debate más amplio sobre el futuro de los servicios públicos en Argentina. Mientras el gobierno avanza en la implementación de un modelo empresarial, crecen las voces que exigen preservar la naturaleza pública y accesible de recursos esenciales como el agua.