Una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad detectó irregularidades en las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría dejar sin este beneficio a miles de personas en todo el país.
El Gobierno Nacional ha iniciado un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 beneficios en los próximos meses. Esta medida es parte de un esfuerzo por depurar el sistema de pensiones y asegurar que solo aquellos que realmente lo necesitan continúen recibiendo este apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en colaboración con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ha comenzado a revisar aproximadamente 400.000 pensiones en todo el país. Hasta el momento, las auditorías se han centrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero se extenderán a otras regiones en los próximos meses. Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de las pensiones, afectando a miles de beneficiarios.
Las suspensiones se basan en la detección de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante administraciones anteriores. Entre las anomalías encontradas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de la misma radiografía en múltiples expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no cumplían con las condiciones necesarias de invalidez laboral. Además, se identificaron casos donde los beneficiarios poseían bienes significativos o tenían empleo formal, lo que es incompatible con la recepción de este tipo de pensión.
Los más afectados serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los requisitos legales, como no tener empleo formal, no recibir otros ingresos del Estado, y carecer de bienes significativos. El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, que en agosto de 2024 era de $157.878.
El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, aseguró que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar los casos fraudulentos para restaurar la transparencia en el sistema. En paralelo, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas.