El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés legislativo al retirar del Senado el proyecto que buscaba modificar la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa, que proponía flexibilizar los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, fue retirada luego de que el oficialismo comprobara que no contaba con los votos necesarios para aprobarla.

La propuesta original eliminaba las restricciones vigentes desde 2011 sobre la propiedad extranjera de tierras rurales, una medida que generó un amplio rechazo de sectores políticos, organizaciones sociales, entidades rurales y especialistas en soberanía territorial. Ante ese escenario, el Gobierno había intentado introducir modificaciones para facilitar su aprobación, entre ellas elevar del 15% al 25% el límite máximo de tierras rurales en manos extranjeras. Sin embargo, esos cambios no alcanzaron para reunir el respaldo necesario.

Durante los días previos a la sesión, el oficialismo mantuvo negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores, pero persistieron las diferencias respecto al alcance de la reforma. Varios legisladores manifestaron preocupación por el impacto que tendría sobre zonas de frontera, recursos naturales estratégicos y grandes extensiones de tierras productivas.

La decisión de retirar el proyecto evitó una derrota parlamentaria en el recinto, aunque dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para construir mayorías en el Senado. La iniciativa formaba parte del paquete denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también incluía modificaciones sobre desalojos, expropiaciones y normas vinculadas a áreas afectadas por incendios.

Desde el oficialismo sostienen que la flexibilización buscaba incentivar inversiones extranjeras en el sector agropecuario y en actividades vinculadas a la producción rural. En cambio, sus críticos argumentan que una apertura de ese tipo podría favorecer la concentración de tierras en manos de grandes capitales internacionales y debilitar el control sobre territorios considerados estratégicos para el país.

Tras el retiro del proyecto, no hay una fecha definida para un nuevo intento de tratamiento legislativo. El Gobierno deberá decidir si presenta una versión diferente de la iniciativa o posterga el debate hasta contar con un escenario político más favorable.