La transferencia de oro del BCRA a Londres enfrenta el riesgo de embargo debido a una demanda vinculada a la estatización de YPF.

En un giro inesperado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trasladó lingotes de oro a Londres, exponiéndolos al riesgo de embargo por una demanda internacional contra la estatización de YPF. La operación, llevada a cabo por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciada por el gremio La Bancaria, que identificó dos envíos el 7 y el 28 de junio a través de la transportadora Loomis y la aerolínea British Airways, con un valor aproximado de 450 millones de dólares.

Estos movimientos fueron confirmados públicamente por Caputo, quien justificó la acción explicando que el oro en el BCRA no generaba retornos y que el país necesitaba maximizar los beneficios de sus activos. Sin embargo, sus declaraciones han sido criticadas por expertos que señalan que los activos no producen rendimientos de forma directa, y que el propósito real es utilizar el oro como caución para obtener liquidez del Banco de Basilea, estimada en alrededor de 4.700 millones de dólares.

La situación se complica con la posibilidad de embargo, ya que los demandantes del grupo Petersen y el fondo Eton han solicitado a la Corte Comercial de Londres que reconozca una sentencia de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que obliga a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. Este reconocimiento podría llevar al embargo de los activos transferidos a Londres.

El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, destacó los riesgos de trasladar las reservas de oro a jurisdicciones como el Reino Unido, donde ya existen precedentes de embargos, como el caso de las reservas de oro de Venezuela asignadas al gobierno de Juan Guaidó, o los activos rusos en la Unión Europea. Carrera expresó su esperanza de que se haya realizado un sólido análisis jurídico que respalde la decisión y haya evaluado cuidadosamente los beneficios frente a los costos y riesgos potenciales de embargo.

Este movimiento estratégico del gobierno argentino pone de manifiesto la desesperada búsqueda de liquidez en medio de una crisis financiera profunda, pero también expone al país a complicaciones legales y posibles pérdidas de activos cruciales en el extranjero.