Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había cuestionado la derogación de la Ley de Tierras Rurales, senadores peronistas presentaron un proyecto para recuperar las restricciones a la propiedad extranjera. La iniciativa vuelve a llevar la discusión al Congreso.

La Ley de Tierras volvió al centro de la escena política argentina. Un día después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional su derogación, el interbloque Popular del Senado presentó un proyecto para restablecer la normativa y dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei.

La iniciativa fue impulsada por los jefes de los bloques Justicialista y Justicia Social Federal, José Mayans y Fernando Salino, junto con la senadora Juliana Di Tullio. El proyecto plantea derogar el artículo del decreto que eliminó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, y propone recuperar el régimen que establecía límites para la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

El movimiento parlamentario ocurre en medio de una discusión institucional que volvió a crecer después de la resolución del máximo tribunal. La Corte no declaró constitucional el artículo 154 del DNU, sino que revocó la sentencia anterior por considerar que la organización que había iniciado la demanda no tenía legitimación suficiente y que no estaba configurado un caso judicial en los términos exigidos por la Constitución. El propio fallo aclaró que la decisión no implicaba pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo.

Ese punto resulta central para entender el nuevo escenario. La discusión sobre la Ley de Tierras no quedó cerrada por la decisión judicial. Por el contrario, volvió al terreno político, donde el Congreso conserva la posibilidad de debatir modificaciones sobre el régimen establecido por el DNU.

La Ley 26.737 había sido sancionada en 2011 y establecía un marco específico para limitar la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. También contemplaba restricciones vinculadas con determinadas zonas del territorio nacional y con la titularidad de tierras rurales.

El DNU 70/2023 modificó ese escenario al derogar la normativa. La decisión formó parte del amplio paquete de desregulación impulsado por el Gobierno de Milei desde su llegada al poder y abrió una disputa judicial que atravesó distintas instancias.

La causa había comenzado con una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas La Plata. En enero de 2024, un juez federal de La Plata había dictado una medida cautelar que suspendía la aplicación de la derogación. Posteriormente, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo cuestionado y ordenó continuar el proceso como una causa colectiva. El Estado apeló esa decisión y el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema.

El máximo tribunal tomó otra posición procesal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que no estaba configurado un caso judicial porque la entidad demandante no podía actuar en defensa de la soberanía territorial como si se tratara de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo. La resolución se concentró en la legitimación y en los requisitos para que existiera una controversia judicial.

Ahora, el Senado vuelve a ocupar el escenario. El proyecto presentado por el peronismo propone restablecer la Ley de Tierras y contempla además que determinados actos jurídicos o transferencias de dominio realizados en contradicción con sus disposiciones queden sujetos a sanciones.

Desde el oficialismo y sectores aliados, la discusión se encuentra atravesada por otra preocupación: el futuro del propio DNU 70/2023. La oposición trabaja para reunir los votos necesarios para avanzar contra el decreto, que además de haber modificado el régimen de tierras introdujo cambios en numerosas áreas de la economía y la regulación estatal.

La discusión también se trasladó a Diputados, donde las comisiones comenzaron a debatir otros proyectos relacionados con soberanía y recursos naturales. El tratamiento estuvo marcado por fuertes cruces entre legisladores oficialistas y opositores, en un Congreso donde la Ley de Tierras volvió a funcionar como uno de los puntos de mayor tensión política.

En el proyecto presentado en el Senado, los legisladores peronistas sostienen que la eliminación de las restricciones puede favorecer la concentración de tierras y aumentar la exposición de recursos estratégicos a intereses extranjeros. Se trata de una interpretación política expresada en los fundamentos de la iniciativa, mientras que el debate legislativo deberá determinar qué régimen considera adecuado para regular la propiedad rural.

La cuestión, en definitiva, vuelve al lugar donde originalmente se discutió la Ley de Tierras: el Congreso. La decisión de la Corte modificó el escenario judicial, pero no eliminó la posibilidad de que los legisladores debatan nuevamente las reglas sobre la propiedad rural extranjera.

Así, una norma sancionada hace quince años vuelve a quedar en el centro de una discusión mucho más amplia: qué límites debe establecer el Estado sobre la propiedad de un territorio que no es solamente un activo económico, sino también parte de los recursos estratégicos y de la estructura productiva del país. El próximo capítulo, esta vez, tendrá que escribirse entre bancas, votos y negociaciones parlamentarias.