Agustín Rossi presentó un hábeas data colectivo contra el Gobierno nacional para frenar la implementación del “Gemelo Digital Social”, el sistema de inteligencia artificial anunciado por Javier Milei. La oposición denuncia posibles riesgos para la privacidad y el uso masivo de información sensible de millones de argentinos.
La inteligencia artificial llegó de lleno al centro de la pelea política argentina.
Y ahora también empezó a generar una batalla judicial.
El peronismo decidió avanzar contra el nuevo sistema de inteligencia artificial anunciado por el gobierno de Javier Milei y presentó una acción judicial para intentar frenar su implementación.
La iniciativa apunta directamente contra el denominado “Gemelo Digital Social”, un programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano que promete utilizar inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información y diseñar políticas públicas predictivas.
El encargado de llevar el tema a la Justicia fue el diputado nacional Agustín Rossi, quien presentó un hábeas data colectivo reclamando precisiones sobre el funcionamiento del sistema y exigiendo garantías de protección para los datos personales de los ciudadanos.
La demanda judicial sostiene que el Gobierno todavía no explicó con claridad qué información utilizará, qué organismos compartirán datos ni cuáles serán los mecanismos de control sobre el procesamiento automatizado de información sensible.
El conflicto se disparó después de que el propio Milei difundiera públicamente el proyecto como una herramienta capaz de “simular, anticipar y optimizar políticas públicas” mediante inteligencia artificial y bases de datos integradas.
Ahí apareció rápidamente una de las principales preocupaciones de la oposición y de especialistas en privacidad digital.
El posible cruce masivo de datos estatales vinculados a salud, educación, asistencia social, impuestos o información previsional sin consentimiento explícito de los ciudadanos.
La presentación judicial también advierte sobre la eventual participación de empresas tecnológicas extranjeras en el desarrollo del sistema, en medio de versiones que vinculan el proyecto con compañías internacionales especializadas en análisis masivo de datos.
Desde el Gobierno intentaron bajar el tono de la polémica.
La ministra Sandra Pettovello aseguró que solamente se utilizarán datos generales y anonimizados, sin acceso individual a información privada de las personas.
Pero las explicaciones no alcanzaron para frenar las críticas.
Distintos sectores opositores, especialistas en derechos digitales y organizaciones vinculadas a protección de datos comenzaron a reclamar mayor transparencia sobre los alcances reales del programa.
La discusión además toca una fibra bastante sensible en esta nueva etapa tecnológica.
Hasta dónde pueden avanzar los Estados en el uso de inteligencia artificial sin afectar privacidad, libertades individuales y control democrático sobre la información.
Porque el problema ya no aparece solamente en redes sociales o plataformas privadas.
Ahora también empieza a trasladarse hacia gobiernos capaces de procesar enormes volúmenes de datos ciudadanos mediante algoritmos y sistemas predictivos.
La escena deja una sensación bastante potente sobre el momento actual.
La inteligencia artificial dejó de ser solamente una innovación tecnológica.
Y empezó a convertirse también en un terreno de disputa política, jurídica y ética sobre quién controla la información y cómo se ejercerá el poder en las sociedades digitales del futuro.
