La salud privada se vuelve un lujo inalcanzable para millones de argentinos.

Las prepagas médicas en Argentina se han convertido en un dolor de cabeza para las familias que luchan por mantener su acceso a la salud en medio de una crisis económica cada vez más aguda. Según datos recientes, las cuotas de las empresas de medicina prepaga han aumentado un 136% en lo que va del año, superando ampliamente la inflación acumulada, que se estima en un 125% hasta noviembre.

Este aumento vertiginoso significa que una familia tipo destina, en promedio, el 25% de su ingreso mensual para pagar el servicio, cifra que resulta insostenible para muchas personas. En un contexto donde los salarios reales han caído más de un 20% en los últimos años, mantener una prepaga se ha vuelto un desafío mayor, lo que lleva a una creciente deserción y migración al sistema público de salud.

Las cifras del sector revelan que cerca de 800.000 personas dejaron de pagar sus prepagas entre 2020 y 2023, incrementando la presión sobre hospitales públicos que ya operan al límite de su capacidad. Este fenómeno no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en jaque al sistema de salud en su conjunto.

A esto se suma la falta de regulación efectiva para contener los aumentos. Aunque existe un índice de costos médicos establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud, las prepagas han encontrado margen para aplicar subas que superan estos límites, argumentando el impacto de la inflación, la devaluación y los costos en dólares de insumos médicos y medicamentos.

Por otro lado, especialistas del sector advierten que el encarecimiento de las cuotas genera una paradoja: mientras las prepagas pierden afiliados, también enfrentan dificultades para financiar prestaciones de calidad debido a la fuga de recursos. Esto impacta directamente en los tiempos de espera para turnos y estudios, y en el acceso a medicamentos de alto costo.

Desde las organizaciones de usuarios y consumidores, el reclamo se enfoca en la necesidad de una mayor intervención estatal para garantizar que los aumentos sean razonables y que los derechos de los afiliados estén protegidos. «No puede ser que la salud privada se transforme en un lujo. Esto está afectando directamente el derecho a la salud de las personas», expresó la titular de una asociación de consumidores.

La situación refleja una vez más las profundas desigualdades que atraviesa la economía argentina, donde el acceso a derechos básicos como la salud se encuentra condicionado por el poder adquisitivo. Mientras tanto, millones de familias enfrentan la difícil decisión de elegir entre seguir pagando una prepaga o priorizar otros gastos esenciales en un contexto de ingresos cada vez más ajustados.