El Presupuesto 2027 profundiza el ajuste científico mientras crecen los fondos para ciberseguridad

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El proyecto presentado por el Gobierno contempla nuevas reducciones para organismos como la CNEA, la Comisión Espacial y el INTA, mientras el Centro Nacional de Ciberseguridad tendría un fuerte incremento presupuestario y la Vicejefatura de Gabinete ampliaría sus recursos para el vínculo con las provincias.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei vuelve a poner bajo presión a distintas áreas del sistema científico y tecnológico. Las planillas anexas muestran reducciones o incrementos nominales mínimos para organismos estratégicos, mientras otras dependencias vinculadas con ciberseguridad, endeudamiento y coordinación política recibirían aumentos considerablemente mayores.

Uno de los casos más relevantes es el de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para 2027 se proyectan recursos por 298.526 millones de pesos, apenas un 0,2% más que lo previsto para este año. En un contexto inflacionario, un aumento nominal de ese tamaño implica una reducción significativa de los recursos disponibles en términos reales.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales también aparece entre los organismos afectados. El proyecto le asigna 194.169 millones de pesos, lo que representa una reducción nominal del 6,6% respecto del Presupuesto 2026. La situación se suma a los cuestionamientos que trabajadores del organismo ya habían planteado por el deterioro de los recursos destinados al sector espacial.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tampoco queda al margen. El presupuesto proyecta una reducción de 44.000 millones de pesos respecto de este año, equivalente a un recorte del 12,4%. Para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en tanto, se prevé una disminución del 5,2%, con alrededor de 4.800 millones de pesos menos que lo presupuestado para 2026.

En el otro extremo aparece el Centro Nacional de Ciberseguridad. El organismo, que depende de la Jefatura de Gabinete, tendría asignados 3.231 millones de pesos, un incremento del 698% respecto del presupuesto vigente. El fuerte salto se produce además en un año atravesado por las elecciones legislativas y por una ampliación de las capacidades estatales vinculadas con inteligencia y seguridad digital.

El proyecto también contempla cambios importantes en los recursos destinados a la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Las transferencias de capital hacia provincias y municipios caerían 3,3%, hasta los 153.342 millones de pesos, pero la Vicejefatura de Gabinete tendría un incremento del 138% para el área vinculada con los asuntos provinciales.

Esa diferencia abre una discusión sobre el modo en que el Estado nacional distribuirá recursos durante el próximo año. Mientras disminuyen determinadas transferencias directas, aumenta considerablemente la partida administrada por una estructura política encargada de articular con los gobiernos provinciales.

El Presupuesto también refleja la continuidad de la estrategia de reducción del Estado impulsada por el Gobierno. Según el mensaje oficial que acompaña el proyecto, desde el inicio de la gestión fueron eliminados alrededor de 72.000 puestos de trabajo en el sector público. Al mismo tiempo, el área encabezada por Federico Sturzenegger tendría un incremento presupuestario del 44,6%, hasta alcanzar los 39.753 millones de pesos.

La distribución de los recursos vuelve así a plantear una discusión sobre las prioridades del Estado. Ciencia, tecnología, energía nuclear y desarrollo agroindustrial aparecen con partidas que pierden peso real, mientras crecen con mucha mayor velocidad áreas vinculadas con ciberseguridad, reorganización estatal y articulación política con las provincias.

El Presupuesto 2027 todavía deberá atravesar el debate legislativo, pero sus números ya dibujan una orientación concreta: el Gobierno busca sostener su programa de reducción del gasto en sectores científicos y tecnológicos mientras concentra mayores recursos en otras áreas consideradas estratégicas. En esa disputa por cada peso del Estado también se define qué capacidades públicas tendrán financiamiento para atravesar los próximos años.