Los diputados Silvana Giudici y Damián Arabia impulsan proyectos de ley para retirar beneficios y honores al expresidente, incluyendo la inhabilitación perpetua para cargos públicos por violencia de género.

Un grupo de diputados del PRO ha presentado dos proyectos de ley que apuntan a quitarle a Alberto Fernández la pensión de privilegio, los honores y la custodia que recibe como expresidente, tras la denuncia por violencia de género interpuesta por su ex pareja, Fabiola Yáñez. Las iniciativas, impulsadas por los legisladores Silvana Giudici y Damián Arabia, buscan modificar la Ley 24.018 que regula las pensiones vitalicias para exmandatarios, estableciendo que quienes sean condenados por delitos como corrupción, incumplimiento de deberes, o violencia de género, pierdan estos privilegios.

El proyecto establece que los expresidentes condenados en segunda instancia por delitos graves perderán sus pensiones de privilegio y quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Además, el texto impulsado por Giudici propone la eliminación de la custodia estatal para aquellos condenados por estos delitos.

La denuncia de Yáñez, quien declaró que sufrió maltrato y violencia por parte de Fernández, motivó la presentación de estos proyectos. La causa, actualmente bajo la jurisdicción del juez Julián Ercolini, también involucra acusaciones de corrupción en el manejo de seguros durante el mandato de Fernández.

El proyecto de Arabia, por su parte, propone retirar los beneficios a partir de un procesamiento judicial y no solo tras una condena firme, diferenciándose del texto de Giudici. Ambos legisladores buscarán unificar criterios en las comisiones parlamentarias para avanzar con la iniciativa.

La propuesta del PRO ha generado un debate sobre la retroactividad de la ley y la posibilidad de aplicar estas sanciones a expresidentes, considerando los derechos adquiridos. Sin embargo, los legisladores sostienen que es fundamental avanzar en esta legislación para sancionar a quienes «no honraron su cargo».

Mientras tanto, la causa judicial contra Alberto Fernández sigue en curso, con la expectativa de que Yáñez amplíe su declaración ante el fiscal federal Ramiro González. La justicia deberá determinar si la investigación continuará en los tribunales de Comodoro Py o si será trasladada a San Isidro, dada la jurisdicción de los hechos denunciados.