La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra funcionarios del área de Energía y representantes de Harbour Energy por las autorizaciones vinculadas al ingreso al RIGI de un proyecto de GNL. La causa se conoció mientras la delegación argentina busca atraer inversiones en París y vuelve a poner el foco sobre los controles aplicados al régimen.

La gira argentina por París sumó un inesperado frente judicial. Mientras el Gobierno presenta ante inversores europeos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como una de sus principales herramientas para atraer capitales, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal para investigar cómo fue autorizado el ingreso al régimen de un proyecto en el que participa Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a antecedentes de operaciones hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N°11 y tramita bajo el expediente CFP 4810/2026. Entre las personas denunciadas aparecen la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; además de representantes de Harbour Energy Argentina y el abogado Tomás Lanardonne. La investigación menciona posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho. La causa se encuentra todavía en una etapa inicial y bajo reserva.

El eje de la denuncia está puesto en Southern Energy, el proyecto de exportación de gas natural licuado que reúne a Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar y Harbour Energy. La petrolera británica posee una participación del 15% en el consorcio, que obtuvo la aprobación para ingresar al RIGI mediante una resolución del Ministerio de Economía.

La controversia tiene como antecedente la historia corporativa de Harbour. La compañía heredó activos y antecedentes de Premier Oil, una empresa que había sido sancionada en la Argentina por actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización en la plataforma continental cercana a las Malvinas. Ese vínculo es uno de los elementos que ahora deberán ser analizados judicialmente para determinar si las autorizaciones otorgadas al proyecto se ajustaron a las normas vigentes.

La cuestión adquiere una dimensión particular por la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas que hayan realizado determinadas actividades hidrocarburíferas sin autorización en áreas vinculadas con la plataforma continental argentina. La denuncia busca determinar si esas disposiciones fueron correctamente consideradas durante el proceso administrativo que terminó habilitando los beneficios del RIGI.

El expediente llega además en un momento especialmente sensible para la política energética argentina. En París, la delegación oficial participa de la Argentina Week, una iniciativa destinada a presentar oportunidades de inversión y mostrar las condiciones que ofrece el país para proyectos de largo plazo. Energía ocupa un lugar central en esa agenda, con Vaca Muerta, el gas natural licuado y las posibilidades de exportación como algunos de los principales atractivos.

La coincidencia temporal genera un contraste evidente. Mientras el Gobierno busca transmitir previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores internacionales, una investigación penal intenta establecer si hubo irregularidades precisamente en la aplicación de uno de los instrumentos que el Ejecutivo presenta como garantía para las grandes inversiones.

La denuncia no implica que los funcionarios o las empresas señaladas hayan sido declarados responsables de los delitos mencionados. El expediente recién comienza y será la Justicia la que deberá determinar si existieron conductas ilícitas, si las autorizaciones fueron otorgadas conforme a derecho y qué responsabilidad corresponde eventualmente a cada uno de los involucrados.

El caso también pone bajo observación a Veller, uno de los funcionarios denunciados. El subsecretario de Hidrocarburos había mantenido reuniones recientes con integrantes del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, en medio de la definición de autoridades del organismo. La aparición de su nombre en una causa penal agrega un nuevo elemento a esa discusión institucional.

Para el sector energético, el impacto puede ser mayor que el de una disputa administrativa puntual. El RIGI fue diseñado para ofrecer beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos de gran escala y convertirse en una pieza central de la estrategia oficial para atraer inversiones. Cualquier cuestionamiento sobre la forma en que se aplican sus reglas puede abrir interrogantes sobre los controles que acompañan al régimen.

Southern Energy, además, ocupa un lugar relevante en la estrategia argentina para desarrollar exportaciones de GNL. Por eso, la causa no se limita a revisar un trámite burocrático: también alcanza indirectamente a uno de los proyectos que forman parte de la apuesta energética de largo plazo del país.

La Justicia tendrá ahora que reconstruir el recorrido administrativo, revisar las autorizaciones y determinar si las normas fueron respetadas. Mientras tanto, la denuncia ya produjo un efecto político inmediato: el RIGI, que en París funciona como una de las cartas de presentación de la Argentina ante el capital extranjero, quedó bajo una lupa mucho más incómoda.

La promesa que el Gobierno lleva a Europa es la de un país que busca reglas claras para invertir. El expediente abierto en Comodoro Py introduce una pregunta inevitable: qué tan claras fueron esas reglas cuando llegó el momento de aplicarlas a un proyecto concreto.