La Cámara alta modificó el régimen para remover al presidente del Banco Central y reemplazó la exigencia de dos tercios por mayoría absoluta en ambas cámaras. El cambio fue acordado durante las negociaciones entre Patricia Bullrich, el peronismo y otros bloques, y obliga a que la reforma vuelva a Diputados.
El Senado modificó este jueves uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y alteró el mecanismo previsto para remover a sus autoridades. El cambio, que contó con un amplio respaldo en el recinto, dejó atrás la exigencia de reunir dos tercios de los votos de cada cámara y estableció una mayoría absoluta para avanzar con la destitución del titular de la autoridad monetaria.
La modificación fue producto de las negociaciones que Patricia Bullrich mantuvo durante los últimos días con el peronismo y otros bloques del Senado. El artículo 3, que concentraba buena parte de las diferencias alrededor del proyecto, terminó siendo reformulado respecto del texto que había llegado desde Diputados.
La votación mostró una mayoría particularmente amplia: 66 senadores acompañaron el cambio y solo dos votaron en contra. Entre quienes rechazaron la modificación estuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. El proyecto general de reforma del Banco Central, en tanto, había sido aprobado por 46 votos contra 22.
La diferencia entre ambos esquemas no es menor. El texto que había aprobado Diputados establecía que para remover al presidente del Banco Central se necesitaban dos tercios de cada cámara. Con la modificación introducida por el Senado, la destitución podrá resolverse con mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras: 37 senadores y 129 diputados si las bancas estuvieran completas.
El argumento planteado durante las negociaciones estuvo vinculado con la duración de los mandatos y el equilibrio entre autonomía institucional y control democrático. José Mayans sostuvo que no existía consenso para establecer autoridades del Banco Central con mandatos que pudieran quedar por encima de los períodos de los gobiernos. Bullrich, por su parte, defendió la necesidad de establecer reglas que puedan funcionar dentro de un Congreso fragmentado.
La discusión tiene como telón de fondo el debate sobre la autonomía del Banco Central. El proyecto impulsado originalmente por el Gobierno buscaba reforzar la independencia de la entidad, concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda y limitar el financiamiento monetario del Tesoro. Durante el tratamiento parlamentario, distintos sectores discutieron hasta dónde debía llegar esa autonomía y qué mecanismos debía conservar el Congreso para ejercer controles sobre sus autoridades.
El nombre de Santiago Bausili quedó inevitablemente en el centro de la discusión. El actual presidente del Banco Central fue cuestionado en el Senado por distintos sectores de la oposición en relación con el traslado de parte de las reservas de oro al exterior. El propio Bausili había concurrido previamente al Congreso para explicar la política de administración de las reservas y defender las decisiones adoptadas por la entidad.
El debate sobre el oro agregó una dimensión política a una discusión que, en principio, estaba planteada como una reforma institucional. Legisladores de la oposición reclamaron explicaciones sobre el destino y las condiciones de custodia de las reservas, mientras que el oficialismo sostuvo su posición sobre la administración de los activos del Banco Central. Las distintas interpretaciones sobre esas operaciones continúan formando parte de la disputa parlamentaria.
Ahora el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados porque el Senado introdujo modificaciones. Diputados podrá aceptar el nuevo texto o intentar insistir con la versión que había aprobado originalmente, aunque para sostener ese texto frente a las modificaciones del Senado deberá reunir una mayoría especial.
El episodio deja expuesta una discusión más profunda sobre el lugar del Banco Central dentro del sistema institucional argentino. La autonomía de una autoridad monetaria puede buscar previsibilidad y estabilidad frente a los cambios de gobierno, pero esa autonomía convive con la necesidad de controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas. El punto de equilibrio entre ambas cosas es, justamente, lo que el Congreso está intentando definir.
La reforma todavía no terminó su recorrido. El próximo capítulo se escribirá en Diputados, donde los legisladores deberán decidir si aceptan las nuevas reglas para la conducción del Banco Central o si buscan recuperar el esquema aprobado originalmente. Mientras tanto, la disputa alrededor de Bausili muestra que detrás de una reforma técnica hay una pregunta esencialmente política: quién controla a quienes administran una de las instituciones económicas más importantes del país.