Mientras el Gobierno de Javier Milei presenta el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su programa económico, un análisis de las cuentas públicas advierte que la capitalización de intereses de la deuda podría modificar sustancialmente el resultado financiero de 2026. La discusión no es solamente contable: también pone en juego cómo se mide el costo real del ajuste.

El superávit fiscal se convirtió en una de las principales banderas económicas del gobierno de Javier Milei. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, el orden de las cuentas públicas es una señal de disciplina y una condición necesaria para estabilizar la economía. Sin embargo, detrás de los números oficiales existe una discusión cada vez más relevante: qué gastos se contabilizan, cuándo se registran y cuánto pesa realmente el pago de los intereses de la deuda.

Un informe publicado por Tiempo Argentino el 24 de octubre plantea que el déficit financiero del Sector Público Nacional podría alcanzar el 4% del producto bruto interno (PBI) al cierre de 2026 si se incorporan determinados intereses que actualmente se registran como deuda nueva. El cálculo contrasta con el resultado que informa el Gobierno y vuelve a poner bajo discusión la metodología utilizada para presentar las cuentas públicas.

La diferencia central está en el tratamiento de las letras y los bonos cuyos intereses se acumulan al capital en lugar de pagarse periódicamente. En instrumentos como las Lecap y los Boncap, el rendimiento se incorpora al monto que deberá cancelarse al vencimiento. Esta modalidad permite postergar el desembolso efectivo, pero no elimina el costo financiero que se genera durante la vida del título.

El punto de controversia es dónde se registra ese costo. Bajo el criterio utilizado por el Gobierno, los intereses capitalizados quedan fuera del cálculo habitual del resultado financiero y se incorporan como parte del aumento de la deuda. De esta manera, el balance fiscal puede mostrar una situación más favorable que la que surgiría si esos intereses se computaran como gastos del período en que se acumulan.

La distinción es importante. El superávit primario mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes del pago de intereses de la deuda. El resultado financiero, en cambio, incorpora esos intereses. Por eso, un Estado puede registrar superávit primario y, al mismo tiempo, enfrentar un resultado financiero deficitario si el costo de sus compromisos supera el excedente obtenido.

Según el análisis publicado por Tiempo Argentino, los intereses capitalizados superarían los 37 billones de pesos durante 2026. La nota señala que, hasta agosto, la Oficina de Presupuesto del Congreso había identificado unos 32,8 billones de pesos acumulados mediante esta modalidad, a los que se sumarían los montos posteriores.

El mismo análisis advierte que el aumento del stock de deuda no se explica únicamente por nuevas emisiones de títulos o préstamos. También inciden la capitalización de intereses y los ajustes de valuación. En septiembre, por ejemplo, la deuda habría incorporado el equivalente a más de 3.100 millones de dólares por la capitalización de bonos, letras y otros préstamos.

La discusión no se limita a una interpretación periodística. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública ha señalado que, si los intereses capitalizables se registraran de una manera más convencional, el resultado financiero dejaría de mostrar una situación cercana al equilibrio y pasaría a reflejar un déficit. El Fondo Monetario Internacional también advirtió en un informe técnico sobre la exclusión de los intereses de bonos con cupón cero al evaluar el resultado fiscal de 2025.

Estas observaciones no significan que los datos oficiales dejen de existir, sino que el resultado depende de la metodología empleada. Precisamente por eso, la transparencia contable es fundamental: permite conocer no solo cuánto dinero entra y sale del Estado durante un período, sino también qué obligaciones se están acumulando para el futuro.

El Gobierno defiende el superávit como una herramienta central de su programa económico. En septiembre, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero cercano al billón de pesos. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el resultado financiero informado fue equivalente a aproximadamente el 0,3% del PBI.

La lectura alternativa modifica esa imagen. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, citado por Tiempo Argentino, estimó que al incorporar la capitalización de estos títulos desde enero de 2024 el resultado acumulado sería deficitario, en lugar del superávit informado oficialmente. Las cifras corresponden a criterios de cálculo distintos y deben compararse teniendo en cuenta esa diferencia.

El debate también tiene consecuencias para la discusión del Presupuesto y para la evaluación de los compromisos asumidos con el FMI. Si una parte importante del costo de la deuda queda fuera del resultado financiero tradicional, resulta más difícil determinar qué proporción del equilibrio fiscal responde a una reducción efectiva del gasto, qué parte depende de ingresos extraordinarios y cuánto se está trasladando hacia vencimientos futuros.

En una economía que busca recuperar el acceso al crédito y estabilizar su moneda, la credibilidad de las cuentas públicas importa tanto como el resultado que exhiben. Los inversores necesitan saber cuáles son las obligaciones que deberá afrontar el Estado, mientras que la sociedad tiene derecho a conocer el costo completo de las decisiones económicas que afectan los servicios públicos, la infraestructura y las políticas sociales.

El ajuste fiscal puede medirse por la reducción de los gastos registrados, pero también debe evaluarse por la evolución de la deuda y los compromisos que quedan pendientes. Postergar el pago de intereses no equivale a hacer desaparecer esa obligación. La diferencia entre ambos conceptos puede ser decisiva para entender la sostenibilidad de un programa económico.

Por eso, la discusión sobre el superávit no debería reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus críticos. Requiere información pública completa, criterios contables consistentes y explicaciones que permitan comparar los resultados de manera transparente. Una medición complementaria que incluya los intereses capitalizados ayudaría a dimensionar con mayor precisión el costo financiero de la estrategia oficial.

La pregunta de fondo es sencilla, aunque sus respuestas no lo sean: ¿el Estado está equilibrando sus cuentas o está trasladando una parte del costo hacia adelante? La respuesta exige mirar más allá del número que encabeza los informes mensuales.

El superávit puede ser una herramienta importante para ordenar las finanzas públicas. Pero su valor como indicador depende de que refleje de manera clara las obligaciones que el Estado asume. Sin esa información, el equilibrio corre el riesgo de convertirse en una cifra difícil de interpretar y de sostener cuando llegue el momento de pagar.