Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera, renunció luego de denunciar presiones de la Cancillería para revertir una orden contra una empresa china que pescaba merluza negra ilegalmente. Revelaciones apuntan a influencias indebidas y maniobras políticas en el sector pesquero.
Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera, presentó una renuncia indeclinable ante el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, tras recibir presiones de la Cancillería relacionadas con el buque Tia An, involucrado en pesca ilegal de merluza negra.
La situación se agravó luego de la decisión de Suárez de ordenar el regreso del barco a puerto por realizar actividades de pesca ilegal, capturando 142 toneladas de merluza negra. Suárez denunció llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Diana Mondino, instándolo a revertir la orden.
Además, Suárez reveló que le solicitaron elaborar una lista de cincuenta nombres para despedir y preparar una desregulación eliminando disposiciones de la gestión anterior. Su renuncia se suma a la incertidumbre sobre el futuro de cientos de empleados de Cancillería debido a la reforma estatal impulsada.
El escándalo evidencia tensiones entre la Cancillería y el sector pesquero, exacerbadas por el caso del buque Tai An, que próximamente descargará 163 toneladas de merluza negra, 158 de las cuales fueron capturadas ilegalmente según la normativa vigente.
Roberto Garrone, periodista especializado, señala que el Tai An excedió los límites de pesca establecidos y su descarga plantea desafíos para la fiscalización. La modificación en el Régimen Nacional de Pesca, incluida en la ley ómnibus, genera preocupaciones sobre la soberanía marítima y el impacto en el empleo y la economía local.
El rechazo unánime de cámaras empresariales, gremios y autoridades provinciales refleja la inquietud ante posibles consecuencias negativas para la industria pesquera nacional. La situación plantea interrogantes sobre el rol de las fuerzas de seguridad y la preservación de la soberanía en el Mar Argentino frente a la posible llegada masiva de flotas extranjeras, especialmente de China.
