El próximo 28 de septiembre, la fiscalía de Delitos Económicos ampliará la acusación contra los exfuncionarios y empleados involucrados en la estafa con planes sociales, entre los que se encuentra, el exministro Abel Di Luca.

La fiscalía les imputará hechos cometidos entre el 2020 y el 2022, con cheques y con tarjetas de débito. 

El pasado 7 de septiembre, por pedido del fiscal del caso Juan Manuel Narvaez, se realizó un procedimiento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. El allanamiento se originó «porque obtuvimos información sobre la existencia de un servidor interno que contendría datos de relevancia para el caso, por lo cual pedimos la autorización para poder buscar el contenido y luego ver si es necesario secuestrarlo”, habia explicado el fiscal del caso.

En la actualidad hay tres personas detenidas y todas ocupaban, al momento de los hechos, un puesto en el Ministerio de Desarrollo Social. Se trata del ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza, apuntado como jefe de la organización; y de sus dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras imputadas: Néstor Pablo Sanz, en ese entonces director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, quien era el responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Los tres permanecen detenidos en prisión preventiva.