El ministro de Desregulación, que promueve un shock de confianza en la economía argentina, mantiene casi la totalidad de su patrimonio en el exterior, lejos de los riesgos que él mismo maneja en su rol dentro del gobierno de Milei.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó su declaración jurada revelando que el 98,8% de sus depósitos están fuera de Argentina. Estos representan el 78% de su patrimonio total, valorado en 1.770 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 1.827.031 dólares según el tipo de cambio oficial. Esta decisión de mantener sus activos fuera del país parece contradecir su discurso de confianza en la economía local, especialmente considerando su rol clave en la implementación del modelo económico bajo la administración de Javier Milei.

Sturzenegger no es el único funcionario del actual gobierno con la mayoría de su patrimonio en el exterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también tienen gran parte de sus activos fuera del país. Este patrón genera dudas sobre la verdadera confianza que los encargados de la economía argentina tienen en el futuro del país.

En su declaración, Sturzenegger incluyó bonos y títulos públicos, aunque no especifica si fueron adquiridos antes o después de asumir como ministro, lo que levanta sospechas sobre posibles conflictos de interés. Entre sus activos, también figura una participación en «Un Ombú SAS», una sociedad creada en 2018 con su esposa, destinada a una amplia gama de actividades económicas, aunque con un capital inicial modesto de $21.400.

La presentación de esta declaración se hizo justo dentro del límite de 30 días hábiles que estipula la ley de Ética Pública para los funcionarios que ingresan al gobierno. Sin embargo, las omisiones y la falta de claridad en algunos aspectos de su patrimonio han generado críticas y cuestionamientos sobre la veracidad y transparencia de su gestión.

Finalmente, este panorama refleja una desconfianza implícita de Sturzenegger y otros altos funcionarios en el modelo económico que ellos mismos están diseñando y aplicando, lo que podría tener un impacto en la percepción pública y la estabilidad del sistema financiero argentino.