«Ayer convocamos una conferencia de prensa con organismos de derechos humanos, que la verdad que nos están dando un apoyo importantísimo, porque visibilizan la importancia de que nuestra provincia cuente con un Comité contra la Tortura que es una obligación. También importante proponer en contexto: hay una convención que la Argentina aprobó en su momento en 1986 justamente para trabajar para prevenir la tortura en nuestro país y también hay una ley que establece la creación de un sistema nacional y promueve que cada una de las provincias tenga que tener su comité provincial contra la Tortura. La realidad de nuestra provincia es que en el año 2019 se creó por ley este comité provincial contra la Tortura y desde el 2019 hasta la fecha no se pudo poner en funcionamiento», explicó Samar.
En relación a cómo fue el proceso para conformar el comité, Samr indicó que, «hubo un proceso donde los organismos de derechos humanos propusieron un equipo de gente, esas personas fuimos entrevistadas, seleccionadas por la Comisión de Derechos Humanos; se votó en el pleno del recinto, el 9 de marzo de este año y sin embargo, no podemos ponerlo en funcionamiento porque no se toma la decisión de que salgan los nombramientos, de que se asigne en recursos como una oficina, movilidad para poder recorrer comisarías, unidades de extensiones. Es decir, para realmente. poner en funcionamiento el organismo, es como que quedamos en un punto intermedio donde tenemos el aval del Poder Legislativo desde lo formal pero claramente no se pone en funcionamiento el organismo y esa es la preocupación que tenemos».
Además explicó cuál es el objetivo de ese Comité y la importancia de que finalmente comience a funcionar: «El organismo es un organismo que tiene autonomía funcional pero el que debería ponerlo en funcionamiento es el Poder legislativo por eso lo que hicimos fue pedirle una reunión al vicegobernador justamente para plantearle esta preocupación. Ver qué es lo que está pasando, por qué se sigue demorando esto en un contexto muy particular y muy complejo porque recordemos que muchas unidades de nuestras provincias tienen sobre población, se están vulnerando los derechos de las personas detenidas. Después de la pandemia lamentablemente también se han perdido espacios educativos; todo esto afecta a esas personas que están detenidas y también afecta a mediano y largo plazo a la seguridad que quiere de la provincia. Una persona a la que se le vulnera los derechos estando detenidas, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a poder aprender un oficio, un trabajo; cuando recupera libertad va a tener menos herramientas y probablemente no va a ser una persona menos violenta que cuando ingresó. Es decir, que lo que tenemos que hacer es justamente todo lo contrario, garantizar derechos a mediano plazo es lo que termina reduciendo la violencia»
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