Tras la decisión de YPF de focalizarse en Vaca Muerta, los gobernadores de las provincias patagónicas consideran presentar una demanda conjunta para revertir la situación y obtener compensación por áreas no explotadas y pasivos ambientales.

Los gobernadores de las provincias patagónicas están contemplando la posibilidad de demandar en conjunto a YPF, la petrolera estatal argentina, por su decisión de retirarse de la explotación de yacimientos convencionales en la región para centrarse en Vaca Muerta. Esta medida ha generado un descontento generalizado entre las autoridades provinciales, quienes consideran que la petrolera ha dejado de invertir en estos yacimientos tradicionales, lo que ha afectado negativamente a las provincias.

La demanda, de concretarse, buscará obligar a YPF a devolver a las provincias las áreas que no están siendo explotadas, así como hacerse cargo de los pasivos ambientales acumulados, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares. Si bien estas negociaciones están en proceso, la provincia de Santa Cruz, bajo el liderazgo del gobernador Claudio Vidal, se encuentra en una etapa avanzada en las conversaciones con la petrolera estatal.

Los gobernadores exigen que, junto con la entrega de los pozos, YPF asuma la responsabilidad por los pasivos ambientales, lo que constituye un punto clave en las discusiones. Esta situación se produce en un contexto en el que YPF ha decidido concentrar sus inversiones en Vaca Muerta, donde se espera una mayor rentabilidad económica.

La administración liderada por Horacio Marín ha delineado planes ambiciosos para aumentar la producción de shale en los próximos años. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas por parte de los gobernadores, quienes consideran que la petrolera está dejando de lado áreas menos productivas en favor de las más rentables.

Además de los gobernadores, los sindicatos que representan a los trabajadores petroleros también han expresado su descontento con la estrategia de YPF. La petrolera estatal, por su parte, argumenta que la reversión de áreas a las provincias fue una solicitud realizada por los propios sindicatos.