La secretaria de Energía, Flavia Royon, anuncia cambios en los subsidios para servicios públicos en Argentina, enfocándose en proteger a los sectores de bajos ingresos.

En un esfuerzo por promover una distribución más justa de los subsidios para servicios públicos, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, anunció este jueves que los beneficios continuarán vigentes únicamente para aquellos consumidores que demuestren ingresos netos menores a los $730.000.

En declaraciones a Urbana Play 104.3 FM, la funcionaria explicó que la medida tiene como objetivo acompañar a la clase media y a los sectores de bajos ingresos, asegurando que solo aquellos que reciban un salario superior al mencionado monto tendrán que costear sus servicios sin subsidios. «Es una distribución más justa de los subsidios», afirmó Royon.

A partir del 1 de agosto, se espera que aquellos consumidores con altos ingresos o que no hayan solicitado tarifas subsidiadas experimenten aumentos estimados del 150% interanual en sus boletas. Por otro lado, los sectores de menores ingresos serán protegidos de manera especial, ya que sus tarifas subirán por debajo de la inflación, con el objetivo de salvaguardar su bienestar hasta que haya una recomposición salarial.

La secretaria de Energía destacó que es fundamental analizar detenidamente las facturas recibidas, especialmente en comparación con los consumos anteriores, y aclaró que solo entre el 3% y el 5% de las familias de ingresos medios excederán el tope de consumo subsidiado.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se han establecido nuevas tarifas para los usuarios residenciales nivel 1 y 3 de las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, mientras que para el nivel 2 no habrá cambios. El aumento promedio para el nivel 1, el de mayores ingresos, será del 36%, mientras que para el nivel 3, de ingresos medios, será del 24%. Los usuarios de menores ingresos, nivel 2, no experimentarán incrementos.

Con estas medidas, el Gobierno busca asegurar un equilibrio en los subsidios para servicios públicos, protegiendo a los sectores más vulnerables mientras se promueve una distribución más equitativa de los beneficios.