Hackean base de datos de licencias de conducir y exigen USD 3000 por la devolución de los archivos

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El Gobierno confirmó el hackeo de una base de datos de casi 6 millones de registros de licencias de conducir, con figuras públicas entre los afectados. Los hackers exigieron un rescate de USD 3000 por la devolución de los datos, mientras las autoridades aseguran que no hay información sensible comprometida.

El Gobierno Nacional ha confirmado el hackeo de una importante base de datos que contiene casi 6 millones de registros de licencias de conducir. Aunque se asegura que no hay información sensible comprometida, el impacto del ciberataque es significativo. El hackeo fue llevado a cabo por un grupo de hackers profesionales, quienes accedieron a un volumen limitado de información utilizado para la creación de Licencias Digitales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitió un comunicado confirmando el incidente y detallando que se trató de una filtración más que un robo de datos. Sin embargo, el hacker responsable del ataque publicó los archivos en la aplicación Telegram con la intención de comercializarlos, solicitando un rescate cercano a los USD 3000 por la devolución de la información.

Entre los afectados se encuentran figuras destacadas del espectáculo, la política y el activismo, incluyendo al presidente de la Nación, Javier Milei, y funcionarios como Luis Petri y Patricia Bullrich. Además, se mencionan nombres reconocidos del mundo del entretenimiento como Guillermo Francella, Chino Darín y Marcelo Tinelli.

Aunque se especula sobre posibles motivaciones políticas detrás del ataque, el Gobierno no ha confirmado esta hipótesis y continúa investigando los detalles del hackeo. La filtración fue descubierta a través de un informe de la empresa británica BCA LTD, especializada en ciberseguridad, cibercrimen y amenazas digitales.

Este incidente se suma a otro robo de datos ocurrido en 2021, donde se sustrajeron 116,459 fotos de ciudadanos argentinos del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Aunque se abrió una investigación penal por este hecho, aún no se ha determinado la responsabilidad o la conexión entre los distintos ataques.

El Gobierno, por su parte, no ha decidido si iniciará acciones legales inmediatas en relación con esta última filtración. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Ciberseguridad está evaluando las medidas a tomar para evitar futuros ataques y proteger la seguridad de los datos del país.