La Justicia investiga a dos adolescentes de 15 años por la presunta creación, difusión y comercialización de imágenes manipuladas de estudiantes del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora. La causa busca determinar cómo se produjo y circuló el material, mientras las familias reclaman respuestas y medidas de protección para las víctimas.

La utilización de inteligencia artificial para fabricar imágenes sexuales falsas de compañeras de escuela quedó en el centro de una investigación judicial en Lomas de Zamora. Dos estudiantes de 15 años fueron imputados tras una denuncia que involucra, hasta el momento, a 45 posibles víctimas del Colegio Modelo Lomas. El caso expone los riesgos de la violencia digital entre adolescentes y las dificultades de las instituciones educativas para responder ante situaciones que afectan la intimidad y la seguridad de sus estudiantes.

La denuncia fue presentada por familiares de las alumnas después de que se conociera la existencia de imágenes manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial. Los investigadores buscan establecer quiénes participaron en la creación del material, cómo se distribuyó y si efectivamente hubo una comercialización a través de plataformas digitales.

Los dos adolescentes se presentaron ante la Fiscalía para ser notificados de la imputación. La causa contempla la presunta creación, circulación y eventual comercialización del contenido, aunque las responsabilidades individuales todavía deben establecerse a partir de las pruebas.

El expediente también busca determinar si hubo más participantes. Las primeras informaciones señalaron que las imágenes podrían haber afectado a estudiantes de distintos años del nivel secundario, y no se descarta que el número de víctimas aumente cuando se complete el análisis de los dispositivos electrónicos.

Según la reconstrucción inicial, el caso habría salido a la luz después de un conflicto entre los propios adolescentes involucrados. De acuerdo con la denuncia, uno de ellos habría exigido dinero a otros participantes para no revelar lo sucedido. Tras la negativa, la información llegó a conocimiento de estudiantes y familiares, que acudieron a la Justicia.

A partir de la presentación penal, comenzaron las medidas para reconstruir el recorrido del material y establecer el alcance de la presunta conducta. Los investigadores ya habrían identificado la herramienta de inteligencia artificial utilizada, pero todavía deben determinar qué dispositivos intervinieron, quiénes tuvieron acceso a las imágenes y cómo se produjo su circulación.

Uno de los próximos pasos será la realización de peritajes sobre los teléfonos celulares de los imputados. Los análisis buscarán aportar información sobre la elaboración y distribución del contenido, además de determinar si hubo intercambios económicos. La posibilidad de nuevas imputaciones dependerá de los elementos que se incorporen a la causa.

La investigación tiene una particularidad central: las personas afectadas son menores de edad. La fabricación de imágenes sexuales falsas no es una broma inocua ni una simple edición fotográfica. Utilizar la imagen de una compañera para simular una situación íntima sin su consentimiento puede provocar consecuencias emocionales, sociales y educativas, incluso cuando el contenido no representa una situación real.

La falsedad de las imágenes no elimina el daño. Una fotografía manipulada puede circular fuera del contexto original, ser compartida por personas que desconocen su origen y quedar asociada al nombre de una estudiante. Una vez difundido, el material puede resultar difícil de controlar, lo que aumenta la incertidumbre de las víctimas y sus familias.

El caso también vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las escuelas frente a la violencia digital. Las instituciones educativas no pueden controlar por sí solas todo lo que sucede en internet, pero tienen un papel fundamental en la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de quienes sufren estas situaciones.

En el Colegio Modelo Lomas, la difusión de la denuncia generó preocupación entre las familias y reclamos por la respuesta institucional. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, el establecimiento resolvió que los dos estudiantes imputados no regresen a la presencialidad y retuvo sus matrículas para el próximo ciclo lectivo. Las medidas escolares, sin embargo, son distintas de las decisiones que debe adoptar la Justicia y no reemplazan la investigación penal.

Para las alumnas afectadas, la prioridad es que se garantice su protección y que puedan continuar con sus estudios sin tener que enfrentar situaciones de hostigamiento, exposición o presión. Eso requiere espacios de escucha, acompañamiento psicológico cuando sea necesario y canales claros para comunicar nuevos hechos sin temor a represalias.

También resulta importante evitar que la respuesta se limite a sancionar a quienes aparecen inicialmente señalados. Una investigación completa debe establecer la participación de cada persona, reconstruir la circulación del material y determinar si hubo otros responsables. Al mismo tiempo, la comunidad educativa necesita trabajar sobre las conductas que permiten que la violencia digital se normalice o se convierta en una forma de presión entre pares.

La expansión de las herramientas de inteligencia artificial volvió más sencillo producir imágenes falsas que pueden parecer verosímiles. Esa capacidad tecnológica plantea desafíos legales y educativos, pero no modifica una cuestión básica: la tecnología no elimina la responsabilidad de quienes la utilizan para vulnerar los derechos de otras personas.

La prevención requiere enseñar a reconocer los riesgos, comprender el consentimiento y entender que compartir contenido íntimo falso también puede formar parte de una cadena de agresiones. Además, las plataformas y las autoridades deben contar con mecanismos eficaces para denunciar y retirar material que vulnere derechos, especialmente cuando involucra a menores.

El caso de Lomas de Zamora tampoco aparece aislado. Durante los últimos meses se conocieron denuncias similares en otras comunidades educativas del país, lo que alimentó el debate sobre el uso de inteligencia artificial para manipular fotografías y la necesidad de actualizar las respuestas institucionales frente a la violencia sexual digital.

La causa continúa en una etapa de investigación. La Justicia deberá analizar los dispositivos, verificar las hipótesis sobre la difusión y eventual comercialización del material y determinar si corresponde ampliar las imputaciones. Hasta que se completen esas medidas, los hechos denunciados deben distinguirse de las responsabilidades que finalmente puedan probarse.

Más allá del resultado judicial, lo ocurrido deja una preocupación que atraviesa a las familias, las escuelas y las autoridades: la protección de la intimidad de los adolescentes no puede depender de que una imagen falsa llegue a difundirse masivamente para que alguien intervenga. La respuesta necesita combinar investigación, prevención y acompañamiento, con las víctimas en el centro y sin trasladarles la responsabilidad por la violencia que denunciaron.