El 21 de julio comenzará en la Ciudad Judicial de Neuquén el juicio oral que investiga un presunto esquema de estafa con fondos de planes sociales durante la gestión de Omar Gutiérrez entre 2020 y 2022. Un total de catorce personas –entre exfuncionarios públicos y allegados– enfrentarán cargos por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación agravada, vinculados al uso irregular de tarjetas de débito para subsidios .

La acusación sostiene que se realizaron 9.303 hechos irregulares, en los que participaban desde directivos hasta beneficiarios, cada uno con un rol específico en la cadena delictiva . Además, nueve imputados ya aceptaron su responsabilidad en acuerdos judiciales anticipados, a cambio de penas condicionales de tres años, mientras que otros catorce irán a juicio .

El proceso –calificado como «megajuicio»– se prolongará alrededor de dos meses, con un cronograma de hasta 38 audiencias, muchas con varios testigos por día y con la fiscalía solicitando un ritmo firme y organizado en las presentaciones de defensas. La jueza de garantías Carina Álvarez fue designada para supervisar cuestiones organizativas y velar por el avance del proceso.

El momento político suma complejidad al caso. Se trata de un año clave electoral para la provincia: el juicio se desarrollará mientras distintas fuerzas comienzan su campaña por senadores y diputados nacionales. El gobernador Rolando Figueroa ya advirtió que espera “presos” por esta causa y cuestionó que no hayan sido incluidos directivos del Banco Provincia, lo que reabre el debate sobre una posible continuidad en la responsabilidad institucional.

Las penas solicitadas por la fiscalía para los cabecillas podrían rondar los seis a ocho años de prisión, mientras que se inició un juicio administrativo paralelo para recuperar bienes y fondos. Varias propiedades y activos de los imputados están embargados y podrían ser rematados si se dictan condenas firmes .

El juicio no solo revisará responsabilidades individuales: evaluará si hubo una política sistemática de apropiación de recursos públicos en un área tan sensible como los planes sociales. Además, obligará a las autoridades a rendir cuentas ante una ciudadanía que reclama transparencia, eficiencia y ética en la administración del dinero público. En una sociedad donde crecieron las expectativas de una nueva etapa, este caso será un examen riguroso sobre cómo se gestionó el Estado en tiempos de crisis y expectativas.