El juez federal Martín Cormick dispuso una sanción económica contra el jefe de Gabinete por no ejecutar una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. La resolución se conoció el 14 de octubre, en la víspera de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick resolvió aplicar una multa de 100.000 pesos diarios a Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión, conocida el miércoles 14 de octubre, hizo efectivo un apercibimiento previo ante la falta de cumplimiento de la orden judicial. La sanción apunta al funcionario que encabeza la Jefatura de Gabinete, área con responsabilidades en la distribución y reasignación de partidas presupuestarias.

La medida cautelar exige actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. Según la resolución judicial, esas obligaciones no habían sido cumplidas, pese a las intimaciones realizadas anteriormente al Estado nacional.

El magistrado estableció la multa como un mecanismo para presionar por el cumplimiento de la orden. La resolución también deja abierta la posibilidad de modificar el monto de la sanción y ampliar el conjunto de funcionarios alcanzados si persiste el incumplimiento.

El conflicto se originó en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada legislativamente en 2025. La norma busca establecer mecanismos para sostener los recursos del sistema universitario público, en un contexto de fuertes diferencias entre el Ejecutivo y las instituciones académicas por la evolución de los presupuestos y los salarios.

El Gobierno cuestionó la aplicación de la ley y avanzó con medidas que condicionaron su implementación. Una de ellas fue el Decreto 759/2025, cuya validez quedó bajo discusión judicial. En el marco de ese expediente, Cormick cuestionó la cláusula que condicionaba la puesta en marcha de la norma y ordenó cumplir con las obligaciones contempladas en la medida cautelar.

Aunque el Estado apeló decisiones relacionadas con la causa principal, la cautelar continúa vigente. Esa distinción resulta central: la discusión sobre la validez definitiva de determinadas disposiciones no elimina automáticamente la obligación de acatar una orden judicial que mantiene sus efectos.

La multa busca precisamente evitar que el trámite de apelación se convierta en un obstáculo para la ejecución de lo dispuesto. En el sistema institucional argentino, las resoluciones judiciales deben cumplirse mientras permanezcan vigentes, incluso cuando alguna de las partes cuestione sus fundamentos y continúe litigando.

La decisión de Cormick se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre. La movilización reúne a autoridades académicas, docentes, estudiantes y trabajadores que reclaman al Gobierno el cumplimiento de la ley y una respuesta al deterioro de los recursos destinados a las universidades públicas.

El reclamo combina dos dimensiones que se encuentran estrechamente relacionadas. Por un lado, la actualización de los salarios, afectados por la evolución de los precios y las negociaciones pendientes. Por otro, la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones, las actividades de investigación y los programas de asistencia estudiantil.

Las universidades sostienen que la continuidad de sus tareas requiere previsibilidad presupuestaria y mecanismos de actualización que eviten que los fondos pierdan capacidad de compra. El Gobierno, en cambio, ha defendido una política de ajuste del gasto público y ha cuestionado el impacto fiscal de distintas obligaciones presupuestarias. Esa diferencia de criterios se trasladó al Congreso, a las calles y, ahora, a los tribunales.

La sanción contra Santilli agrega una consecuencia personal a una disputa que hasta el momento se desarrollaba principalmente entre el Estado nacional y el sistema universitario. En lugar de limitarse a señalar el incumplimiento institucional, el juez identificó al titular de la Jefatura de Gabinete como responsable alcanzado por la medida, en función de las competencias asignadas a ese cargo.

El monto inicial es de 100.000 pesos por cada día de incumplimiento. La posibilidad de incrementarlo indica que la sanción no necesariamente permanecerá fija si la situación continúa sin resolverse. Su efecto concreto dependerá de la evolución del expediente y de las decisiones que adopten tanto el Gobierno como la Justicia.

La resolución también vuelve a poner en discusión el vínculo entre las decisiones presupuestarias del Poder Ejecutivo y los límites establecidos por el Poder Judicial. La administración de los recursos públicos corresponde al Gobierno dentro del marco legal, pero esa facultad debe ejercerse respetando las leyes vigentes y las decisiones judiciales aplicables.

En el ámbito universitario, el problema excede la controversia administrativa. Los salarios, las becas y los gastos de funcionamiento condicionan la capacidad de las instituciones para sostener clases, investigación y servicios educativos. Las demoras o la falta de actualización de los recursos pueden trasladar sus efectos a docentes, trabajadores y estudiantes, además de comprometer la planificación académica.

La multa no resuelve por sí misma el conflicto financiero ni determina el desenlace definitivo de la causa. Su finalidad inmediata es exigir que se cumpla una orden vigente. Para cerrar la disputa será necesario que el Estado ejecute las obligaciones establecidas o que la Justicia resuelva los planteos pendientes dentro del proceso.

La coincidencia entre la sanción y la nueva marcha universitaria refuerza la centralidad del financiamiento educativo en la agenda pública. El Gobierno enfrenta un reclamo que ya no se limita a una discusión política sobre el tamaño del Estado: también incluye una controversia concreta sobre el cumplimiento de una ley y de una decisión judicial.

El desenlace dependerá de los próximos pasos del Ejecutivo y de la respuesta de los tribunales. Mientras tanto, el caso de Santilli deja planteada una cuestión institucional de fondo: las diferencias entre poderes pueden tramitarse por las vías legales, pero las órdenes judiciales vigentes no quedan sujetas a la voluntad de quien debe cumplirlas.