El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Ejecutivo cumplirla de inmediato. El Gobierno anunció que recurrirá la decisión.

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó que la norma sea ejecutada de manera inmediata.

La decisión se conoció el 6 de octubre de 2026 y volvió a poner en el centro de la escena una discusión que atraviesa desde hace meses al sistema universitario: hasta dónde puede avanzar el Poder Ejecutivo cuando una ley fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada pese al veto presidencial. 

El conflicto comenzó alrededor de la Ley 27.795, sancionada en 2025. La norma establece mecanismos de actualización para salarios universitarios y becas, además de contemplar recursos para el funcionamiento de las instituciones. El Gobierno había sostenido que no podía aplicar determinados artículos porque el Congreso no había establecido de manera suficiente las partidas presupuestarias necesarias para afrontar el gasto.

Para Cormick, ese argumento no alcanza para justificar la suspensión de una ley vigente. En su resolución, el magistrado consideró que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo implicaba una suerte de veto posterior que no está contemplado por la Constitución. También señaló que la propia ley establece herramientas para que el Gobierno pueda realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias.

El fallo ordena garantizar los fondos vinculados con los salarios docentes y no docentes, las becas y otros componentes previstos por la legislación. El sistema universitario sostiene que el cumplimiento integral de la norma supondría una recomposición salarial significativa para trabajadores de las universidades nacionales.

La resolución, además, no aparece aislada. Durante 2026, la disputa ya había pasado por distintas instancias judiciales. En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar determinados puntos de la ley, entre ellos los relacionados con las actualizaciones salariales y las becas. La decisión había sido apelada previamente por el Poder Ejecutivo, pero tanto la Cámara como luego el máximo tribunal mantuvieron la obligación.

El Gobierno, sin embargo, no considera cerrado el conflicto. La Casa Rosada confirmó que apelará el nuevo fallo de primera instancia. La estrategia oficial apunta a llevar la discusión a una instancia superior mientras sostiene que el Congreso debe definir cómo se financian los gastos adicionales que genera la aplicación de la ley.

Mientras la pelea jurídica continúa, las universidades enfrentan además una discusión presupuestaria de mayor alcance. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla alrededor de 7,3 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades nacionales, mientras que los rectores estiman que serían necesarios cerca de 11 billones para cumplir con los parámetros establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario.

La diferencia muestra que el problema no se reduce a una disputa puntual entre funcionarios y jueces. Detrás de cada cifra aparece el funcionamiento cotidiano de las universidades: salarios, becas, investigación, hospitales universitarios, infraestructura y gastos básicos para sostener las actividades académicas.

El conflicto también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión institucional más profunda. La discusión no gira solamente alrededor de cuánto dinero debe recibir cada universidad, sino sobre la relación entre los distintos poderes del Estado. Una ley aprobada por el Congreso establece obligaciones para el Ejecutivo, mientras que el Gobierno sostiene que esas obligaciones deben estar acompañadas por una previsión presupuestaria específica.

La Justicia, hasta ahora, viene interpretando que la falta de una partida determinada no habilita al Poder Ejecutivo a suspender unilateralmente una norma que ya está vigente. El Gobierno, por su parte, buscará revertir esa interpretación mediante una nueva apelación.

La disputa promete continuar en los tribunales, pero también fuera de ellos. Las universidades nacionales vienen sosteniendo desde hace tiempo reclamos por salarios, presupuesto y financiamiento, mientras que el Gobierno defiende su política de contención del gasto y cuestiona el impacto fiscal de las leyes que incorporan nuevas obligaciones presupuestarias.

En ese cruce entre presupuesto, educación e instituciones queda planteada una pregunta que excede al conflicto universitario: qué ocurre cuando una política votada por el Congreso choca con las prioridades económicas de un Gobierno. El fallo de Cormick ofrece una respuesta desde el Poder Judicial. La apelación anunciada por Milei abre ahora el próximo capítulo de una discusión que todavía está lejos de terminar.