La nueva ley habilita la realización de consultas populares vinculantes y no vinculantes en Neuquén, marcando un avance en la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. La normativa fue aprobada con el respaldo mayoritario del MPN y otros bloques.
Este miércoles, la Legislatura de Neuquén aprobó en general la ley que regula el sistema de consulta popular vinculante y no vinculante, un avance significativo en la participación ciudadana que había estado pendiente desde la reforma constitucional de 2006. La normativa, respaldada por 26 votos afirmativos de los bloques mayoritarios del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Avanzar y Hacemos Neuquén, y rechazada por la izquierda y Unión por la Patria, introduce un mecanismo formal para que la ciudadanía pueda influir en la toma de decisiones sobre temas de interés provincial.
El proyecto, presentado por los diputados Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lepore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), fue modificado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto antes de su sanción final. La ley establece un marco para la realización de consultas populares, asegurando accesibilidad, seguridad y transparencia en los procedimientos.
Uno de los aspectos clave de la nueva legislación es la reglamentación de la consulta vinculante. El artículo tercero estipula que la Legislatura puede incluir una convocatoria a consulta popular vinculante al sancionar una ley, siempre que sea aprobada por mayoría absoluta y que el texto del proyecto de ley y la pregunta formulada sean claros y específicos. Las consultas deberán ofrecer una respuesta categórica de «Sí» o «No», garantizando una decisión definitiva sobre la cuestión planteada.
Este avance legislativo promete fortalecer la democracia participativa en Neuquén, permitiendo a los ciudadanos tener un rol más activo en las decisiones públicas y abordando temas cruciales como la posible declaración de la educación como servicio esencial. La nueva ley es vista como una herramienta fundamental para mejorar la transparencia y la inclusividad en la gestión gubernamental.
