Las organizaciones que convocan a la movilización ratificaron la fecha y este jueves se reunirán con el Gobierno porteño para intentar alcanzar un acuerdo. La discusión se da a días de la llegada del papa León XIV a la Argentina y después de que la Ciudad dispusiera restricciones para los eventos en el espacio público.

La Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre quedó en el centro de una disputa entre las organizaciones convocantes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La comisión organizadora confirmó que mantiene la fecha y que buscará una salida acordada en una reunión con las autoridades porteñas.

El conflicto comenzó a partir de la cercanía entre la movilización y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre. Desde la Ciudad plantearon que la concentración debía trasladarse a otra fecha por razones vinculadas con la organización y la seguridad del operativo que acompañará la llegada del pontífice.

Las organizaciones, sin embargo, sostienen que cambiar la fecha a esta altura implicaría modificar una planificación que comenzó muchos meses atrás. La marcha reúne delegaciones de distintas provincias, artistas, organizaciones sociales y colectivos que ya organizaron viajes, alojamiento y actividades alrededor del 7 de noviembre.

Otro de los puntos de discusión es quién tomó la iniciativa para solicitar el cambio. Desde la organización aseguran que no recibieron un pedido del Gobierno nacional y que tampoco existió una solicitud del Vaticano para modificar la movilización. El canciller Pablo Quirno, según lo consignado en la discusión, negó que la Nación hubiera planteado esa exigencia.

La administración porteña, por su parte, sostiene que la decisión responde a cuestiones operativas y no al contenido de la marcha. Jorge Macri afirmó públicamente que el evento no se realizará el 7 de noviembre y planteó que la diversidad y la visita papal pueden convivir en una misma agenda.

Las organizaciones respondieron que también están dispuestas a colaborar con la logística. Entre las alternativas que plantearon aparecen modificar el horario, participar de la coordinación de seguridad y limpieza y trabajar junto a las autoridades para evitar que ambos acontecimientos generen problemas operativos.

El escenario se volvió más complejo después de que la Ciudad publicara un decreto que restringe la realización de eventos, diversiones y actos en el espacio público desde el 6 de noviembre. La medida se extiende hasta el período en el que está prevista la llegada de León XIV, por lo que mantener la marcha en su fecha original requeriría revisar esa disposición.

La disputa también tiene una dimensión jurídica. Las organizaciones recuerdan que la Ley 6.482 de la Ciudad establece que la fecha de la Marcha del Orgullo es definida por organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBT+ y con actividad en territorio porteño.

Para los organizadores, además, la fecha no funciona solamente como una jornada aislada en Buenos Aires. La convocatoria nacional sirve como referencia para otras marchas que se realizan en distintas ciudades del país, por lo que un cambio podría afectar también la planificación de esas movilizaciones.

La reunión entre las partes aparece así como una instancia decisiva para determinar si habrá acuerdo o si la Marcha del Orgullo deberá realizarse sin el acompañamiento habitual de la Ciudad. Desde la organización sostienen que, si no hay entendimiento, mantendrán la convocatoria del 7 de noviembre. En ese caso, quedaría abierta una situación inédita desde 1999, ya que el Gobierno porteño podría no aportar el operativo de seguridad, tránsito y parte de la infraestructura que tradicionalmente acompaña la jornada.

Más allá de las posiciones enfrentadas, la discusión plantea un problema concreto de convivencia entre dos acontecimientos masivos programados con apenas un día de diferencia. La llegada del Papa requiere un operativo de seguridad extraordinario, mientras que la Marcha del Orgullo moviliza a personas de todo el país y necesita también infraestructura y coordinación estatal. La negociación deberá resolver si ambos eventos pueden desarrollarse sin que uno implique desplazar al otro.