La ONU insta a una legislación más estricta para combatir los crímenes contra el ambiente, señalando discrepancias y oportunidades de mejora en las leyes de protección ambiental a nivel mundial.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó en Viena el primer Informe sobre el análisis mundial de los delitos ambientales, destacando la necesidad de una legislación más rigurosa para prevenir y castigar los crímenes contra el medio ambiente. Según Angela Me, directora de investigación y análisis de la UNODC, una legislación más estricta puede disuadir a los delincuentes y proporcionar a las fuerzas del orden mejores herramientas para combatir estos delitos.

El informe examina cómo los 193 Estados miembros de la ONU definen y penalizan los delitos ambientales, abarcando nueve áreas clave como la deforestación, la contaminación acústica, la pesca ilegal y la gestión de residuos. Se encontró que al menos el 85% de los países consideran delito los crímenes contra la fauna y flora silvestres, y el 45% imponen penas de cuatro o más años de prisión por estos delitos.

A pesar de algunos avances, el estudio resalta las desigualdades en la legislación y su aplicación, lo que permite que los grupos delictivos aprovechen lagunas en las respuestas. Por ejemplo, mientras que la fauna y flora silvestres son ampliamente protegidas, la contaminación del suelo y acústica son áreas menos reguladas.

Se observan variaciones regionales significativas en la penalización de los delitos ambientales. África y Asia tienen el mayor porcentaje de países con penas consideradas como delitos graves, aunque la aplicación efectiva de la legislación sigue siendo un desafío en muchos casos.

El informe destaca la necesidad de cerrar los huecos legislativos que permiten a las empresas eludir multas, mientras que los individuos enfrentan penas de prisión. Se sugiere que los países podrían mejorar la legislación para permitir la confiscación de activos utilizados en estos crímenes y ampliar el uso de herramientas de cooperación internacional.

Para abordar estas deficiencias, se recomienda recopilar más datos sobre los delitos ambientales, mejorar la aplicación de la legislación y explorar la eficacia de diferentes grados de penalización. Este enfoque integral podría ayudar a prevenir y combatir de manera más efectiva los crímenes contra el medio ambiente a nivel mundial.