Docentes, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Comahue marcharán otra vez para exigir financiamiento y salarios dignos. La crisis presupuestaria ya provocó renuncias, recorte de actividades y creciente incertidumbre académica.
La universidad pública volvió a entrar en estado de alerta.
Y esta vez el reclamo ya no gira solamente alrededor del presupuesto.
También habla de algo más profundo: qué lugar ocupa el conocimiento en la Argentina que está construyendo el gobierno de Javier Milei.
La comunidad de la Universidad Nacional del Comahue volverá a movilizarse este martes en Neuquén para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.
La concentración comenzará en el playón de la universidad y formará parte de una nueva jornada federal de protesta que tendrá réplicas en distintas ciudades del país.
La frase que empezó a circular entre docentes y estudiantes resume el clima interno: “Está en juego nuestra vida democrática”.
No aparece como exageración.
Durante los últimos meses, la UNCo acumuló renuncias de docentes, dificultades para sostener cátedras, caída salarial y creciente incertidumbre sobre el funcionamiento académico. Distintos sectores universitarios advierten que el deterioro ya empieza a impactar directamente sobre la calidad educativa.
El conflicto además expone una tensión política mucho más amplia.
El Gobierno nacional sostiene que la ley de financiamiento tiene “irregularidades” y continúa resistiendo su aplicación plena, incluso después de fallos judiciales que ordenaron avanzar con el financiamiento aprobado por el Congreso.
Mientras tanto, las universidades denuncian que el ajuste está generando un vaciamiento progresivo del sistema público de educación superior.
La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, advirtió días atrás que ya se registraron cientos de renuncias de trabajadores universitarios y que muchas áreas funcionan con recursos mínimos.
El problema golpea especialmente en provincias como Neuquén y Río Negro, donde la universidad pública cumple además una función territorial enorme.
La UNCo no solo forma profesionales.
También sostiene investigación científica, programas comunitarios y presencia educativa en ciudades donde muchas veces no existen otras alternativas de educación superior pública.
Por eso el conflicto universitario empezó a adquirir otra dimensión social.
No se discuten únicamente partidas presupuestarias.
Se discute acceso al conocimiento.
Movilidad social.
Producción científica.
Y la posibilidad de que miles de jóvenes del interior puedan estudiar sin abandonar sus provincias.
En paralelo, gremios docentes denuncian una pérdida salarial acumulada muy fuerte desde el inicio de la gestión libertaria y alertan sobre una “fuga” de profesionales hacia el sector privado u otros trabajos mejor pagos.
La escena deja una postal cada vez más frecuente en Argentina.
Aulas llenas.
Docentes agotados.
Y universidades que siguen funcionando más por compromiso colectivo que por respaldo estatal suficiente.
Aun así, las marchas universitarias mantienen algo singular.
Logran reunir sectores políticos, sociales y generacionales muy distintos alrededor de una idea bastante simple: que la universidad pública sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía sobrevive cierta promesa de igualdad.
Y quizás por eso el conflicto genera tanta sensibilidad.
Porque cuando una universidad pública se debilita, no se pierde solamente presupuesto.
También se erosiona una parte importante de la vida democrática argentina.
