Con la inflación todavía lejos de estabilizarse, el presidente insistió en responsabilizar a la “casta” y evitó autocríticas de fondo. La mejora, otra vez, quedó en el terreno del futuro.

Hay explicaciones que funcionan como refugio.

Y otras que, con el tiempo, empiezan a desgastarse.

En medio de una nueva aceleración inflacionaria, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la política como causa estructural del problema. No es una novedad en su discurso. Desde antes de llegar al poder, construyó su identidad en oposición a lo que llama “la casta”. Pero gobernar implica algo más que señalar responsabilidades.

Implica hacerse cargo del presente.

Y ahí es donde el relato empieza a tensarse.

La inflación, que el propio Gobierno había presentado como el principal frente de batalla, no termina de ceder al ritmo esperado. Después de una fuerte desaceleración inicial tras el shock de ajuste, los precios volvieron a mostrar señales de resistencia. En los últimos meses, incluso, la tendencia dejó de ser claramente descendente y empezó a moverse en una zona más incierta .

Frente a ese escenario, Milei eligió una línea conocida.

Explicó que el fenómeno inflacionario responde a errores acumulados de la dirigencia política durante décadas. En su visión, el problema no es coyuntural, sino estructural. Y por lo tanto, su solución tampoco puede ser inmediata.

El argumento tiene lógica en términos históricos.

Pero también tiene un límite.

Porque la inflación no es solo un dato heredado.

Es una experiencia cotidiana.

Se siente en el supermercado, en el transporte, en los servicios. Y cuando esa experiencia no mejora, el tiempo político empieza a correr más rápido que las explicaciones económicas.

En ese punto aparece la otra constante del discurso oficial.

La promesa.

“Mañana va a estar mejor”, “más tarde o más temprano”, “el proceso lleva tiempo”. Son frases que buscan sostener expectativa en medio de un presente incómodo. El problema es que, repetidas, empiezan a perder fuerza.

No porque sean falsas necesariamente.

Sino porque no alcanzan.

El Gobierno sostiene que el ajuste fiscal, la emisión controlada y la desregulación son el camino correcto para terminar con la inflación. Y en términos técnicos, ese diagnóstico tiene respaldo en parte de la teoría económica. Pero la política no se mide solo en diagnósticos.

Se mide en resultados percibidos.

Mientras tanto, la economía real muestra señales mixtas. Algunos indicadores macro mejoran, pero el consumo sigue golpeado, la actividad en sectores clave se enfría y el impacto social del ajuste continúa siendo alto .

Ahí aparece una tensión difícil de resolver.

El gobierno habla en términos de equilibrio fiscal.

La sociedad, en términos de poder de compra.

Dos lenguajes distintos para un mismo problema.

En ese cruce, la figura presidencial mantiene una narrativa firme, casi inalterable. Milei no matiza su discurso. No busca consensos amplios ni matices discursivos. Prefiere la confrontación, incluso cuando la realidad exige explicaciones más complejas.

Eso también tiene un costo.

Porque cuando todo se explica por el pasado, el presente queda sin dueño.

Y cuando el futuro es la única respuesta, el presente empieza a volverse más pesado.

La inflación, en Argentina, nunca es solo un número.

Es una medida de confianza.

Y también de paciencia.

La del Gobierno parece intacta.

La de la sociedad, en cambio, empieza a ponerse a prueba.