*Por Jordi Aguiar

Otro decreto del gobierno nacional entra a escena sin aplausos, sin prensa, sin escrutinio. Otro decreto de los tantos que saca este gobierno. Apenas una línea en el Boletín Oficial, como si fuera un trámite menor, un sello más en la aduana del miedo. El número es 397/25, pero podría llamarse de otro modo: “Ley Bala o Derecho al disparo”. 

Desde ahora, cualquier mayor de 18 años podrá comprar un arma semiautomática en Argentina. No ya una pistola oxidada ni un revólver herencia del abuelo. Hablamos de fusiles, carabinas, subametralladoras. Hablamos de armas que disparan muchas veces, muy rápido, y que, cuando fallan, no dan segundas oportunidades.

A esa escena se le suma otra: el decreto 383/25 crea la División Federal de Investigaciones (DFI), una suerte de FBI criollo sin Congreso, sin límites, sin cortes. Una policía del futuro que se asoma a tus redes sociales, te escucha sin que lo sepas, te detiene sin orden judicial. Los enemigos son internos, se dice. Hay que purgar a la ciudadanía. En la Argentina de Milei se está naturalizando la persecución al otro. 

Así, el Gobierno argentino arma a los ciudadanos y espía sus pensamientos. Es la paradoja más oscura: se amplía el derecho a portar balas al mismo tiempo que se recorta el derecho a decir.

Vivimos en una época donde no se dialoga, se dispara. Primero se dispara y después se saluda. O no. La lógica que impera es la del miedo, no la de la convivencia. La libertad, esa palabra tan manoseada por los manuales neoliberales, no es portar un arma. Es vivir sin temer que el otro la tenga.

El contexto no podría ser más alarmante. En los últimos meses, el gobierno nacional ha impulsado una serie de medidas que consolidan un estado cada vez más policial. La creación de la Dirección de Fuerzas de Intervención (DFI), una unidad de élite dentro de la Policía Federal con atribuciones amplísimas, confirma que la respuesta oficial ante la conflictividad social es más bala que escucha. Todo esto bajo la conducción de una ministra de Seguridad conocida por su tendencia represiva, por su desprecio a los organismos de derechos humanos y su afición por la fraseología bélica. Con ella, la seguridad se transforma en amenaza. El Estado, en verdugo.

¿De qué seguridad hablamos? ¿De qué orden? ¿Qué significa estar seguros en un país que se arma hasta los dientes mientras se desarma en derechos?

Si repasamos la historia de otros países que abrazaron la liberalización de armas como política, los resultados están lejos de ser esperanzadores. Estados Unidos, por ejemplo, es el caso testigo. Con más armas que personas, y una industria que factura miles de millones al año, sufre tiroteos masivos de forma cotidiana. Las escuelas, los shoppings, incluso las iglesias se han vuelto campos minados por la paranoia. ¿Es ese el modelo que queremos replicar?

La evidencia internacional demuestra que más armas en manos de civiles no reducen el delito: lo multiplican. Lejos de desalentar la violencia, la fomenta. La transforma en reflejo. La vuelve cotidiana. En este marco, el decreto no parece una medida de seguridad, sino una renuncia a gobernar. Es decirle a la gente: arréglense solos. Defiéndanse como puedan. Muéranse si hace falta, pero no molesten.

Y no es solo una renuncia al Estado. Es también una apuesta por el caos. Porque un país donde el diálogo es reemplazado por el plomo, es un país que deja de hablarse. Que empieza a resolverse a los gritos, a los tiros. Donde la sospecha reemplaza al vecino. Donde la esquina se vuelve un territorio en disputa.

La situación es todavía más peligrosa cuando se enmarca en el contexto social actual: desempleo creciente, exclusión, violencia estructural. ¿Quién puede creer que sumar armas a esa ecuación traerá algo distinto que más muerte?

Además, la proliferación de armas no afecta por igual a todos. En los barrios populares, donde el narcotráfico avanza al calor de las crisis económicas, donde la presencia del Estado se reduce muchas veces a la comisaría o al patrullero, las armas no significan defensa, sino condena. ¿Qué futuro tiene un pibe con hambre, sin laburo, con un arma al alcance de la mano? ¿Qué oportunidad le damos como sociedad? ¿Qué le estamos diciendo? Que dispare antes de que lo hagan. Que mate antes de que lo maten. Que ese es su único derecho: el de morir o matar.

En estos territorios, el narco no solo compite con el Estado, muchas veces lo reemplaza. El arma se vuelve moneda corriente, y este decreto no hace más que legalizar, institucionalizar esa lógica de guerra. No es una política de seguridad: es una política de abandono.

En las democracias, la seguridad interior no se cuida con fusiles de su propia población. Se cuidan con derechos, con educación, con salud, con trabajo. Con justicia social, no con justicia por mano propia. Con un Estado eficiente que proteja, no que delegue en el ciudadano el deber de sobrevivir.

Este decreto es coherente con el resto del proyecto político del gobierno: reducir el Estado a su mínima expresión, privatizar lo público, despolitizar a la sociedad, criminalizar la protesta. En ese esquema, el arma no es solo un objeto: es una metáfora. Es el símbolo de una Argentina sin diálogo, sin puentes, sin futuro.

Pero como dice la canción: “no nos han vencido”. Porque así como el miedo puede ser contagioso, también lo es la esperanza. Y así como se puede empuñar un arma, también se puede empuñar una palabra. Una canción. Un cartel. Una resistencia colectiva.

Seguramente allí se encuentra nuestra mayor arma: en no acostumbrarnos. En no callarnos. En seguir creyendo que la libertad no se defiende con plomo. Sino con justicia, con dignidad y con vida.

Y quizás, como en El Eternauta, esta distopía también esté buscando un héroe anónimo y colectivo. Mientras los nuevos cascarudos —con uniforme, con decreto, con patrullero— avanzan, se empieza a gestar otra épica: la de quienes no bajan la cabeza, la de quienes resisten con la palabra, con la organización, con la memoria. Porque si el futuro es una nevada de plomo, será el pueblo —con sus capas, con sus abrazos, con sus marchas— quien vuelva a escribir otro final.