Tras intensas negociaciones en el Senado, se decidió retirar del proyecto la propuesta de reconfiguración de las jubilaciones. La moratoria seguirá permitiendo que quienes no tienen 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación.

En una jornada marcada por extensas discusiones y febriles negociaciones, el Senado decidió retirar del proyecto de la Ley Bases la controvertida reforma previsional que contemplaba la eliminación de la moratoria jubilatoria. Esto significa que la moratoria, implementada durante el gobierno de Alberto Fernández, continuará vigente, permitiendo a aquellos que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios acceder a una jubilación.

El proyecto de ley, impulsado por el oficialismo y respaldado inicialmente por la Cámara de Diputados, incluía una serie de reformas significativas, entre las que destacaba la eliminación de la moratoria previsional y la creación de una Prestación de Retiro Proporcional. Esta propuesta pretendía reemplazar el actual sistema jubilatorio, introduciendo nuevas condiciones para acceder a la jubilación para quienes no cumplieran con los años de aportes requeridos. Sin embargo, la oposición de los senadores a estas reformas llevó a que se eliminara el capítulo correspondiente, dejando sin cambios el sistema vigente.

La eliminación del capítulo previsional ha generado diversas reacciones, especialmente entre los especialistas en seguridad social. La moratoria jubilatoria actual permite que tanto hombres como mujeres que han alcanzado la edad jubilatoria, pero que no han completado los 30 años de aportes necesarios, puedan acceder a una jubilación mediante un sistema de cuotas ajustadas según la remuneración mínima imponible. Este mecanismo ha sido crucial para muchos trabajadores que, debido a la alta informalidad laboral, no logran reunir los aportes suficientes para jubilarse.

El texto original de la Ley Bases incluía el artículo 226, que proponía derogar la moratoria previsional sancionada en marzo de 2023 bajo la Ley N° 27.705. En su lugar, el artículo 227 establecía la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad sin cumplir con los 30 años de aportes. Esta prestación ofrecería un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), actualmente de 165.507,24 pesos, con un adicional en función de los años de aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El sistema propuesto implicaba que la mayoría de las mujeres, que suelen tener una trayectoria laboral más fragmentada debido a diversos factores socioeconómicos, no podrían jubilarse a los 60 años como lo permite la moratoria actual. En lugar de ello, deberían esperar hasta los 65 años para acceder a la PUAM o a una jubilación proporcional, dependiendo de sus años de aportes. Esto afectaría a nueve de cada diez mujeres, según los especialistas en previsión social. Entre los hombres, la situación no era mucho mejor, ya que se estimaba que siete de cada diez no alcanzarían los aportes necesarios para jubilarse a los 65 años, enfrentando así una mayor dependencia de la PUAM o de pensiones no contributivas.

La moratoria jubilatoria, que sigue en vigor, está dirigida a dos grandes grupos: aquellos que han alcanzado la edad jubilatoria pero no tienen los aportes necesarios, y aquellos que, aún sin haber llegado a la edad de jubilación, saben que no podrán cumplir con los 30 años de aportes. En ambos casos, el sistema permite pagar la deuda previsional en cuotas equivalentes al 29% de la remuneración mínima imponible, facilitando así el acceso a la jubilación para una gran parte de la población trabajadora que ha sido excluida del sistema formal de aportes por diversas razones.

El retiro del capítulo previsional de la Ley Bases representa un revés significativo para el proyecto del gobierno de Javier Milei, que buscaba reformar de manera profunda el sistema previsional argentino. Al mantener la moratoria, se garantiza que cientos de miles de personas puedan seguir accediendo a una jubilación digna, aunque también se pospone el debate sobre una reforma estructural necesaria para la sostenibilidad a largo plazo del sistema previsional en el país.