El presidente boliviano, Luis Arce, pidió el pasado fin de semana al Parlamento la derogación de una ley con el objetivo de contener el paro y las protestas que lo presionan desde el 8 de noviembre. La Asamblea Legislativa comenzó el trámite el lunes. La alianza de sindicatos y grupos cívicos (regionales) que encabezaba la protesta, aunque trató de mantener la huelga tras el anuncio del presidente, informó la noche del martes de que levantará las medidas de presión, aunque seguirá en “emergencia y movilización permanente”. Los organizadores exigían además la retirada de otras leyes y que se reponga el requisito de la mayoría de dos tercios para algunas decisiones parlamentarias.
“Nosotros, escuchando las demandas del pueblo boliviano, hemos tomado la decisión de abrogar la ley 1386, a objeto de allanar el camino, para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando y paralizando nuestra dañada economía”, dijo Arce ante la televisión. Explicó que esta ley, que establecía la estrategia boliviana contra la legitimación de ganancias ilícitas (o lavado de dinero), “estaba inquietando a ciertos sectores”, en particular a los empresarios del sector informal (o en negro) de la economía, comerciantes, transportistas y mineros cooperativistas. Afirmó que, al mismo tiempo, estaba siendo usada por los opositores para desestabilizar al Gobierno.
Varios sindicatos que estaban envueltos en el conflicto anunciaron que suspenderían sus medidas de presión cuando el trámite de abrogación concluyera. En cambio, los cívicos de Santa Cruz, Potosí y Tarija, las regiones en la que el paro se ha sentido más contundente, trataron de obtener otras concesiones gubernamentales. “Nosotros podríamos haber levantado el paro, pero el pueblo boliviano ha despertado y está pidiendo la abrogación total del paquete de leyes. Tenemos que resistir, nos estamos jugando nuestra última carta de libertad y democracia”, arengó el fin de semana en un mitin barrial el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El “paquete de leyes” al que hizo referencia incluye las principales normas aprobadas por la legislatura en el periodo de Arce, que, según la oposición, son una amenaza para la propiedad privada, la autonomía de las regiones y las libertades democráticas.
Los cívicos también exigían que se reponga la obligación de reunir dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para activar determinados procedimientos de debate y tomar decisiones como los ascensos militares y la designación de embajadores. Este requisito fue eliminado en los últimos días de la anterior legislatura, en octubre de 2020, cuando el oficialista Movimiento al Socialismo ya sabía que en la siguiente legislatura perdería la mayoría de dos tercios que había tenido hasta entonces.
Para el oficialismo, ninguna de las leyes cuestionadas, ni siquiera la que se derogará, afecta a las garantías constitucionales de propiedad y libertad política, ni tampoco menoscaba las atribuciones autónomas de las regiones.
