El régimen venezolano ordena la salida de los representantes diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, acusándolos de injerencia.
El gobierno de Nicolás Maduro ha dado un paso drástico en la crisis diplomática al expulsar a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El canciller venezolano, Yván Gil, anunció la medida, acusando a estos países de ser «injerencistas» y de estar alineados con intereses de Washington y postulados ideológicos que tildó de fascistas. Además, Gil ordenó el retiro inmediato de los diplomáticos venezolanos en esos países, marcando una ruptura significativa en las relaciones diplomáticas de Venezuela con varias naciones de América Latina.
La decisión fue tomada tras la reacción internacional a las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Maduro fue declarado vencedor con un 51% de los votos. Estos resultados fueron ampliamente cuestionados por la comunidad internacional debido a las acusaciones de fraude y falta de transparencia en el proceso electoral. Panamá fue el primero en expresar una fuerte condena, señalando que los regímenes que no respetan los derechos humanos no merecen reconocimiento diplomático. Esta postura fue respaldada por otros países de la región y reforzada por las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien criticó duramente a Maduro y llamó a desconocer los resultados electorales.
Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay solicitaron una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación y emitieron declaraciones pidiendo una revisión completa de los votos con la presencia de observadores internacionales independientes. Además de estos países, figuras como el presidente de Estados Unidos, Antony Blinken, y el chileno Gabriel Boric expresaron su preocupación por la legitimidad del proceso electoral. La respuesta de Maduro fue descalificar a sus críticos y reafirmar su victoria, mientras que su canciller subrayó la intención del régimen de defender su derecho a la autodeterminación y enfrentar cualquier acción que amenace la estabilidad en Venezuela.
La situación ha intensificado la tensión en la región, con varios gobiernos manifestando su rechazo a las acciones del régimen chavista y reiterando su apoyo a una Venezuela democrática. La comunidad internacional observa con atención los desarrollos, mientras la legitimidad del gobierno de Maduro sigue en entredicho.
