Un sector del empresariado expresó su desilusión con el rumbo que tomó la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La principal crítica apunta al tratamiento de los aportes obligatorios, que para las empresas contradice las expectativas de una reforma orientada a reducir costos laborales y avanzar con la desregulación.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su “profunda preocupación y rechazo” al Decreto 612/2026. Según la entidad, la norma representa un retroceso respecto de una modificación que inicialmente había sido planteada bajo un esquema voluntario.
El reclamo se concentra en la distancia entre lo que el Gobierno había anunciado al presentar la modernización laboral y lo que finalmente estableció la reglamentación. Para los empresarios, mantener determinadas obligaciones contradice el objetivo de reducir las cargas que pesan sobre las compañías.
Desde el sector privado consideran que la reforma había generado expectativas porque prometía reducir costos, eliminar regulaciones y facilitar la contratación formal. Por eso, la reglamentación de los aportes obligatorios es interpretada como un cambio respecto del espíritu original de la iniciativa.
CADAM también puso el foco en el costo total de los trabajadores. Según los números difundidos por la entidad, por cada $2.128.749,84 que se aporta por un trabajador, este recibe en mano aproximadamente $1.397.943, equivalente al 65,67% del monto total.
El malestar también alcanza a Federico Sturzenegger, porque la reforma laboral estaba estrechamente vinculada con la agenda de desregulación que había generado expectativas favorables entre distintos sectores empresarios.
El conflicto no implica necesariamente un rechazo general a la reforma laboral, sino una frustración por el rumbo que tomó su reglamentación. El sector empresario reclama que exista mayor coherencia entre los anuncios de reducción de costos y las normas que finalmente aplica el Gobierno.
La disputa abre así un nuevo frente de tensión para la administración de Milei: sectores empresarios que inicialmente acompañaban su programa económico ahora cuestionan que algunas de las medidas adoptadas no cumplan con las expectativas que había generado la promesa de una profunda desregulación laboral.
