Un juez del estado estadounidense de Nuevo México impuso una de las mayores sanciones económicas contra una empresa tecnológica, tras determinar que Facebook realizó declaraciones engañosas sobre el uso de datos personales y sus políticas de protección. El caso está vinculado al escándalo de Cambridge Analytica y vuelve a poner bajo la lupa el poder de las grandes plataformas digitales.

Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, recibió un duro revés judicial en Estados Unidos. El juez Francis Mathew ordenó que pague 25.000 millones de dólares al estado de Nuevo México, después de que un jurado concluyera que la empresa había engañado a los consumidores sobre la protección de sus datos y el funcionamiento de sus políticas de privacidad. La compañía anunció que apelará la decisión, por lo que la sanción todavía podría ser modificada.

El fallo, anunciado el miércoles 21 de octubre, representa un nuevo capítulo de una controversia que comenzó a tomar dimensión internacional en 2018, cuando salió a la luz el caso Cambridge Analytica. La consultora británica había obtenido información personal de millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros y utilizó esos datos para elaborar perfiles políticos y orientar publicidad durante campañas electorales, incluida la primera candidatura presidencial de Donald Trump, en 2016.

La investigación reveló que los datos de hasta 87 millones de personas pudieron haber quedado expuestos de manera indebida. El episodio generó cuestionamientos sobre la capacidad de Facebook para controlar el acceso de terceros a la información de sus usuarios y sobre la transparencia de sus prácticas. También abrió un debate internacional acerca de cómo las plataformas digitales podían utilizar grandes volúmenes de información personal para influir en el comportamiento de las personas.

La demanda de Nuevo México fue presentada en 2021. El estado sostuvo que Facebook había transmitido una imagen engañosa sobre quién podía acceder a los datos personales y sobre el control real que los usuarios tenían sobre su propia información. La acusación también incluyó declaraciones de la compañía sobre la moderación de contenidos, la desinformación y los discursos de odio.

El jurado analizó 29 declaraciones realizadas por Facebook y sus directivos y consideró que 26 de ellas eran engañosas. Además, determinó que la compañía había cometido más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México. La cantidad se calculó a partir del alcance de las afirmaciones cuestionadas y del número de personas a las que llegaron.

La legislación estatal contempla sanciones de hasta 5.000 dólares por cada infracción. La aplicación de ese máximo a todas las violaciones identificadas habría elevado la penalización a más de 219.000 millones de dólares. El juez redujo considerablemente ese monto y fijó la sanción final en 25.000 millones, una cifra que sigue teniendo una dimensión extraordinaria incluso para una compañía del tamaño de Meta.

El magistrado consideró que las declaraciones cuestionadas no fueron hechos aislados, sino parte de una conducta sostenida durante años. En el centro de la controversia se encuentra la distancia entre las promesas de protección y transparencia hechas por la empresa y las prácticas que, según el tribunal, permitieron que los usuarios desconocieran aspectos importantes del tratamiento de sus datos.

Meta rechazó esa interpretación y adelantó que recurrirá el fallo. La compañía sostiene que la decisión distorsiona su historial de protección de la privacidad y cuestiona el alcance de las sanciones impuestas. La apelación podría prolongar el proceso y retrasar el momento en que se determine cuánto dinero deberá pagar efectivamente.

El caso de Nuevo México tiene una particularidad: mientras numerosos estados estadounidenses optaron por resolver sus reclamaciones mediante acuerdos, las autoridades de ese territorio decidieron continuar el litigio hasta llegar a un juicio. Esa estrategia permitió que un jurado evaluara las pruebas y que el tribunal estableciera una sanción específica por las infracciones identificadas.

La resolución se suma a otras acciones judiciales contra Meta. En 2019, Facebook acordó pagar 5.000 millones de dólares para cerrar una investigación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos relacionada con sus prácticas de privacidad. En 2022, la empresa también aceptó un acuerdo de 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva vinculada con el caso Cambridge Analytica.

Las consecuencias de la nueva sentencia van más allá de las cuentas de la compañía. La información personal se convirtió en uno de los recursos centrales de la economía digital: permite personalizar servicios, dirigir publicidad y analizar hábitos de consumo, pero también plantea riesgos cuando los usuarios no comprenden cómo se recopilan sus datos ni quién puede acceder a ellos.

En el ámbito político, esa información adquiere una dimensión todavía más delicada. Los perfiles construidos a partir de la actividad digital pueden utilizarse para segmentar mensajes electorales y adaptar campañas a los intereses, temores o preferencias de grupos específicos. El caso Cambridge Analytica mostró cómo la información obtenida en una plataforma podía convertirse en una herramienta de influencia política, incluso cuando las personas afectadas no sabían que sus datos estaban siendo utilizados de esa manera.

La disputa también pone en discusión la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a sus usuarios. Las condiciones de uso suelen ser extensas y difíciles de interpretar, mientras que los mecanismos de configuración de privacidad no siempre resultan claros para el público. La existencia de opciones de control no garantiza necesariamente que una persona comprenda el alcance de las autorizaciones que concede ni las consecuencias de compartir determinada información.

La sanción podría tener un efecto disuasorio sobre otras compañías, aunque su alcance dependerá de cómo evolucione el proceso judicial y de si la decisión se mantiene en instancias superiores. También reaviva el debate sobre la necesidad de reglas más claras para el manejo de datos, la publicidad digital y la transparencia de las plataformas.

En un escenario en el que la inteligencia artificial amplía la capacidad de procesar información a gran escala, la protección de la privacidad se vuelve aún más relevante. Los datos personales pueden alimentar sistemas que identifican patrones, predicen comportamientos y generan contenidos personalizados. Sin controles adecuados, esa capacidad puede profundizar las asimetrías entre las empresas que poseen la información y las personas que la producen.

El fallo contra Meta no resuelve por sí solo esos problemas, pero vuelve a colocar una cuestión esencial en el centro de la discusión: la confianza en los servicios digitales depende de que las empresas expliquen de manera comprensible qué hacen con la información que reciben y respondan cuando incumplen sus obligaciones.

La compañía todavía tiene la posibilidad de impugnar la sentencia. Mientras avanza ese proceso, el caso de Nuevo México deja una señal para la industria tecnológica: la escala global de una plataforma no la exime de rendir cuentas por sus prácticas comerciales. En la economía de los datos, la privacidad ya no es un asunto secundario de las condiciones de uso, sino una cuestión de derechos, transparencia y responsabilidad pública.