El presidente Javier Milei y periodistas aliados buscan encarcelar al dirigente social Juan Grabois. La estrategia busca desviar la atención del fracaso de la ministra Pettovello y atacar a las organizaciones de base.

En una maniobra política cargada de controversia, el presidente Javier Milei ha anunciado que esta semana su ministra Sandra Pettovello presentará nuevas denuncias contra el dirigente social Juan Grabois, con el objetivo de “meterlo preso” y desmantelar la organización de los más humildes. La estrategia, impulsada por los periodistas Jonatan Viale y Luis Majul, tiene como objetivo desviar la atención del fracaso de Pettovello en la gestión de asistencia social y atacar a las organizaciones que ayudan a los más necesitados.

La iniciativa de llevar a Grabois a prisión se enmarca en una serie de acciones destinadas a debilitar a las organizaciones sociales, que son vistas por el gobierno como un obstáculo para su agenda. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por El Destape, las denuncias contra Grabois buscan “romper la organización de los pobres” y “someterlos a un plan de miseria planificada”. Esta embestida coincide con la falta de cumplimiento en la entrega de alimentos y medicinas, un problema que ha marcado la gestión de Pettovello.

Las denuncias anteriores presentadas por Pettovello han sido desestimadas rápidamente por la justicia. La periodista Irina Hauser de Página 12 reveló que dos de las denuncias fueron desechadas por el fiscal Franco Piccardi por carecer de fundamento, describiéndolas como un “confuso copy & paste” de un informe previo. El fiscal señaló que la denuncia había sido sesgada y que los hechos mencionados eran “insignificantes” y ya estaban resueltos administrativamente.

Esta falta de fundamento en las denuncias, sin embargo, no ha impedido que Viale y Majul continúen su campaña mediática para desprestigiar a Grabois y a otros líderes sociales. Ambos periodistas han sido críticos vehementes de las organizaciones que brindan apoyo a los sectores más vulnerables, tildándolas de “gerentes de la pobreza”.

En un contexto de crisis social y económica, las organizaciones sociales han jugado un rol crucial en la provisión de servicios básicos como alimentos, salud y educación en las comunidades más empobrecidas. Estas organizaciones surgieron en la década de 1990 como respuesta a la privatización y el desmantelamiento de industrias clave, y se consolidaron durante la crisis de 2001. A lo largo de los años, han trabajado para suplir las carencias que el Estado no ha podido resolver.

Sin embargo, la gestión de Pettovello ha sido cuestionada por su falta de efectividad en la entrega de alimentos y medicinas. Informes indican que grandes cantidades de alimentos, especialmente leche, aún no han sido distribuidas a las comunidades que más lo necesitan. Un relevamiento de El Destape reveló que en ciudades como Concordia, Mendoza y Junín, la distribución de alimentos está detenida o es insuficiente.

La ofensiva contra Grabois y las organizaciones sociales se enmarca en un intento más amplio de disciplinar y controlar a los sectores más vulnerables. La táctica recuerda a propuestas de épocas pasadas, como la de remover a Hebe de Bonafini de la dirección de Madres de Plaza de Mayo e imponer a Juan José Campanella, según sugirió el periodista Alfredo Leuco en 2017.

En la actualidad, Viale y Majul, quienes operan como voceros de la agenda oficial, buscan influir en cómo deben organizarse los pobres, desestimando la autonomía y el papel fundamental que estas organizaciones juegan en la sociedad.

La estrategia de Milei y sus aliados mediáticos para encerrar a Grabois no solo busca desviar la atención del fracaso en la gestión de ayuda social, sino que también intenta socavar la resistencia de las organizaciones que defienden a los más desfavorecidos. En lugar de abordar las necesidades urgentes de la población, el gobierno parece más interesado en controlar y disciplinar a quienes luchan por los derechos de los más humildes.