El presidente apunta a una venta directa apoyándose en el estatuto de la empresa. Diego Chaher, al frente de la operación.

Javier Milei, el presidente argentino, planea avanzar con la privatización del Correo Argentino de una manera que ha generado controversia: sin la intervención del Congreso. El mandatario confía en la posibilidad de vender la empresa a través de un decreto presidencial, respaldándose en lo que él y su equipo consideran una interpretación favorable del estatuto de la compañía.

En la Casa Rosada, se rumorea sobre una oferta de compra concreta, aunque hasta el momento, los nombres de los posibles compradores se mantienen en reserva. La persona encargada de llevar adelante esta polémica privatización es Diego Chaher, quien ya tiene experiencia en la gestión de empresas públicas como exinterventor de Télam. Chaher liderará una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.

Correo Argentino es una de las pocas empresas que el oficialismo decidió no incluir en la lista de privatizaciones votadas en la Ley de Bases del Senado, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina. Actualmente, el Correo es una empresa completamente estatal, con el Estado Nacional como único accionista. La red de la compañía abarca 1.400 sucursales y puntos de servicios postales en todo el país.

El contexto económico del Correo Argentino es uno de sus puntos críticos: en 2023, la empresa reportó un déficit de $71.322 millones, una situación que empeoró en 2024 cuando el Estado tuvo que inyectar más de $90.000 millones para sostener un plan de retiros voluntarios. Este déficit ha sido uno de los principales argumentos del gobierno para justificar la necesidad de privatizar la empresa, con el objetivo de aliviar la carga financiera sobre las arcas públicas y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios postales.

La propuesta de Milei de privatizar sin la aprobación del Congreso ha desatado un debate intenso en la esfera política y social. Los críticos argumentan que esta maniobra socava el proceso democrático y podría generar precedentes peligrosos para futuras privatizaciones de activos estatales. Además, temen que la venta de una empresa de la envergadura del Correo Argentino sin la debida supervisión legislativa podría llevar a una falta de transparencia y un menor escrutinio público.

A pesar de las críticas, el Ejecutivo avanza con su plan, convencido de que la privatización es el camino para transformar el Correo Argentino en una entidad más competitiva y menos dependiente de los subsidios estatales. La controversia continúa, y la mirada está puesta en los próximos movimientos del gobierno para ver si logran concretar la venta sin el visto bueno del Congreso, lo que marcaría un hito en la historia de las privatizaciones en Argentina.