La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, generó controversia al cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. En una entrevista concedida al canal de televisión A24, Bullrich afirmó que aquellos que no respaldan la cifra no deberían ser considerados como traidores a la patria.

Bullrich señaló que la cifra de víctimas establecida por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue la base para determinar el número de desaparecidos. Sin embargo, enfatizó que, independientemente de si fueron 30.000 o 8.000 los desaparecidos, lo importante es que Argentina no vuelva a experimentar conflictos internos tan destructivos como los vividos en esa época.

Las declaraciones de Bullrich generaron reacciones y críticas por parte de funcionarios y políticos. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expresó su indignación ante las afirmaciones de Bullrich y la acusó de poner en duda el número de detenidos-desaparecidos. Por otro lado, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda, señaló que el negacionismo de Bullrich forma parte de un plan de gobierno basado en el odio y el miedo.

Gabriel Solano, precandidato presidencial del Frente de Izquierda, denunció que al negar la existencia de los 30.000 detenidos-desaparecidos, Bullrich minimiza el terrorismo de Estado y desconoce el carácter ilegal del genocidio perpetrado por la dictadura. Solano también acusó a Bullrich de querer utilizar a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo.

En relación a su pasado como militante de las organizaciones armadas en la década de 1970, Bullrich asumió su participación y afirmó ser autocrítica respecto a la violencia política. Aseguró que no reivindica la generación diezmada y anunció que, si es elegida presidenta, dará a las fuerzas armadas el lugar que corresponde y ejercerá una verdadera jefatura, al igual que lo hizo con las fuerzas de seguridad.

Las declaraciones de Bullrich han generado un intenso debate en Argentina, poniendo de manifiesto las diferencias en la interpretación de la historia reciente del país y las posturas políticas en torno a los derechos humanos y la violencia política.