El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, el titular del BCRA y el funcionario Juan Curutchet, y reclamó medidas urgentes para preservar la documentación. La presentación se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación que registró resultados negativos por 1.023 millones de dólares en operaciones financieras vinculadas al oro durante 2025.

La controversia por el manejo de las reservas de oro de la Argentina sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y de Juan Ernesto Curutchet, director de la entidad y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. El planteo forma parte de una ampliación de la denuncia penal presentada por las operaciones financieras realizadas con el oro del país.

El pedido deberá ser evaluado por la Justicia y no implica que exista una orden de arresto ni que se haya probado la responsabilidad penal de los funcionarios. La presentación busca que se investigue cómo se tomaron las decisiones, quiénes participaron de las operaciones y si la estrategia aplicada comprometió recursos públicos de manera irregular.

El eje de la denuncia es un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos consignados, las operaciones con instrumentos financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de 1,469 billones de pesos, equivalentes a unos 1.023 millones de dólares, con egresos de divisas.

La cifra está compuesta principalmente por resultados negativos de opciones financieras, por unos 960,2 millones de dólares, y pagos de primas por otros 62,8 millones. En el mismo ejercicio, la tenencia de oro registró una ganancia contable de aproximadamente 8 billones de pesos por diferencias de cotización. Ambos resultados corresponden a conceptos distintos y su relación económica debe analizarse a partir de la documentación completa de las operaciones.

La AGN emitió una opinión favorable sin salvedades sobre los estados contables del Banco Central, aunque incorporó una observación específica sobre los resultados de los derivados financieros vinculados al oro. Esa distinción resulta relevante: el informe contable no equivale a una condena ni determina por sí solo que haya existido un delito, pero aporta información que ahora forma parte de la discusión judicial.

Dalbón reclama que se reconstruya la cadena de decisiones que llevó a utilizar estos instrumentos. Entre las preguntas centrales figuran quién diseñó la estrategia, quién la autorizó, cuáles fueron las entidades financieras involucradas, qué objetivo se buscaba alcanzar y qué controles se aplicaron antes y después de concretar las operaciones.

Uno de los mecanismos señalados es el denominado collar, una combinación de opciones financieras que puede establecer límites a las variaciones del precio de un activo. Este tipo de estrategia puede utilizarse para administrar riesgos, pero sus resultados dependen de las condiciones pactadas y de la evolución del mercado. Por eso, la denuncia pide examinar los contratos y determinar si la operación cumplió efectivamente una función de cobertura y si su costo estuvo justificado.

La magnitud de las cifras volvió a poner bajo la lupa la administración de las reservas internacionales. El interrogante no se limita al resultado final: también alcanza a la evaluación de riesgos, la transparencia de los procedimientos y la capacidad de los organismos de control para reconstruir decisiones que involucran activos estratégicos del Estado.

En su presentación, el abogado sostuvo que la permanencia de los funcionarios en sus cargos podría representar un riesgo para la investigación, debido a su acceso a documentación relevante y a su autoridad sobre áreas que podrían aportar información o testimonios. Sobre esa base, solicitó las detenciones y, como alternativa, medidas menos restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país, limitaciones de contacto con otros involucrados y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.

Se trata de argumentos formulados por el denunciante que deberán ser evaluados por el juzgado. Cualquier restricción de la libertad requiere una decisión judicial fundada en los requisitos legales correspondientes; no alcanza con la presentación de una denuncia ni con la existencia de pérdidas financieras registradas en un balance.

Además, Dalbón pidió preservar los registros electrónicos y reunir contratos, actas de directorio, informes técnicos, dictámenes de riesgo, constancias de liquidación y comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. También reclamó una pericia contable y financiera que permita establecer cómo funcionaron los instrumentos y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado.

La presentación contempla posibles delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También solicita que, una vez reunidos los elementos de prueba, los funcionarios sean convocados a declaración indagatoria. La calificación legal y las eventuales responsabilidades deberán determinarse durante el proceso.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación deberá establecer si las operaciones se ajustaron a las atribuciones de las autoridades monetarias, si existió una justificación económica suficiente y si los mecanismos de control funcionaron de manera adecuada.

El caso se inscribe en una controversia más amplia sobre el destino y la administración del oro argentino. En 2024, el Banco Central confirmó el traslado de parte de sus reservas de oro al exterior y defendió la decisión como una oportunidad para mejorar las condiciones de administración de esos activos. Sin embargo, la falta de información pública detallada sobre las cantidades, los contratos y las condiciones de las operaciones alimentó cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones.

Santiago Bausili sostuvo anteriormente que el traslado respondía a criterios de administración de reservas y que el oro permanecía depositado en Suiza. Desde la oposición, en cambio, se reclamó mayor transparencia sobre el destino de los lingotes y las condiciones bajo las cuales fueron movilizados. La discusión sobre la ubicación física del oro y la investigación de las pérdidas financieras son cuestiones relacionadas, pero diferentes, que requieren documentación específica para ser esclarecidas.

La nueva presentación judicial vuelve a colocar al Gobierno frente a una pregunta de fondo: cómo se administran los activos públicos cuando las decisiones se toman en mercados financieros complejos y bajo condiciones de confidencialidad. En ese terreno, la protección de información sensible puede ser legítima, pero no debería impedir el control institucional ni la rendición de cuentas.

Por ahora, el pedido de detención es una solicitud del denunciante y no una resolución judicial. El avance de la causa dependerá de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopten el juez y el fiscal. La cuestión central será determinar qué ocurrió con las operaciones, qué riesgos se asumieron y si las decisiones de los responsables se ajustaron a la ley. Con más de mil millones de dólares en resultados negativos bajo análisis, la explicación ya no es solamente una discusión técnica: es una exigencia de transparencia sobre el manejo de recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad.