La firma de inversión Burford busca adueñarse de las acciones de YPF como parte de la indemnización por la expropiación de la compañía, generando incertidumbre sobre el futuro de la petrolera ante un eventual fallo a favor de los demandantes.

El caso de la expropiación de YPF ha dado un giro con la presión de Burford, un fondo de inversión, que solicita a la jueza Loretta Preska que ordene la transferencia de las acciones de YPF en posesión del Estado Nacional como forma de pago en caso de que la apelación favorezca a los demandantes. Este movimiento plantea interrogantes sobre el futuro de la compañía ante la posibilidad de perder sus activos en favor de los demandantes.

La jueza neoyorkina Loretta Preska ya determinó en septiembre del año pasado que el Estado argentino deberá indemnizar con US$ 16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la expropiación de YPF en 2012. Aunque liberó a YPF de la obligación de resarcir a los fondos, la decisión recayó exclusivamente en el Estado Nacional.

La reciente petición de Burford de quedarse con las acciones de YPF como parte de la indemnización plantea un escenario incierto para la petrolera argentina. Aunque es improbable que la compañía se vea directamente afectada, dado que la jueza ya excluyó a YPF del litigio, la presión de Burford podría tener implicaciones en el valor de mercado de la empresa, especialmente en un momento en que YPF busca reestructurarse y enfocarse en Vaca Muerta para aumentar sus exportaciones de hidrocarburos.

El accionar del Gobierno argentino ante este nuevo desarrollo podría ser crucial. Si persiste en su negativa a cumplir con la sentencia, la jueza podría tomar medidas más drásticas para forzar el cumplimiento, lo que, aunque no afectaría directamente a YPF, tendría repercusiones en su valor en el mercado. En definitiva, el futuro de YPF sigue siendo incierto en medio de este complejo escenario judicial.