En Buenos Aires, los gobernadores provinciales realizaron este lunes un frente común para plantear reclamaciones urgentes al gobierno de Javier Milei. En el edificio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), 22 de las 24 jurisdicciones firmaron un documento que reclama un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles líquidos y pide reactivar obras públicas paralizadas, mientras exigen mesas de diálogo con Nación.

El núcleo del reclamo es contundente: solicitan que los fondos fiduciarios, alimentados por el impuesto a los combustibles, sean eliminados y redistribuidos con criterios de coparticipación primaria y secundaria. Aducen que la actual quita de transferencias —y la caída de recaudación estimada en más del 4 % para este año— asfixia las finanzas provinciales y ahoga servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, lo sintetizó en una frase cargada de urgencia: “Pedimos sentido común; que los recursos generados en todo el país se distribuyan con justicia, para que cada provincia responda a su gente”. Su par de Neuquén, Zulma Reina, estuvo en representación del gobierno y reforzó la postura federalista .

Junto a Weretilneck suscribieron la propuesta mandatarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego y otros, formando un bloque que busca asegurar que la Ley 23.548 de coparticipación sea cumplida sin retaceos . Su propuesta incluye que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya conforme al índice federalista, evitando la discrecionalidad de distribución.

El contexto económico es tenso. El ajuste fiscal impuesto por el gobierno nacional se ha traducido en recortes de transferencias, paralización de obras públicas —incluyendo rutas clave de Vaca Muerta— y recaudación erosionada en sectores gravados como combustibles, Ganancias e IVA . Ante esta situación, los mandatarios advierten que el desequilibrio provincial amenaza no solo su gestión, sino la gobernabilidad institucional del federalismo.

Desde el gobierno nacional, se respondió con cautela. Se reconoció la necesidad de diálogo y se propuso la apertura de mesas técnicas; informalmente, hubo una contrapropuesta con fondos parciales, aunque los gobernadores la consideraron insuficiente.

La “sindicalización de provincias” mencionada por algunos analistas ilustra el nuevo entramado político: una coalición regional que presiona por mayor autonomía fiscal y una reforma tributaria que reconozca las asimetrías presupuestarias. Piden un federalismo con dientes y democracia distributiva.

Con la firma del texto, los mandatarios dieron por iniciado un cronograma: la firma formal del proyecto en el Congreso, encuentros mensuales en el CFI y mesas técnicas con Hacienda. El conflicto fiscal se volvió político: no es un conflicto de distribución de fondos, sino de poder, voz y presencia en el diseño nacional.

Para los gobiernos provinciales, este lunes representó algo más que un reclamo económico. Fue un acto de defensa institucional, un pedido de oxígeno para sostener escuelas, hospitales y rutas. Fue, en suma, una declaración de federalismo frente a la austeridad centralizada: un “basta” con la excusa del ajuste, un “queremos escuchar” articulado con voces diversas y una demanda clara: que se reparen los hilos rotos entre Nación y provincias.