La trama de estafas en planes sociales se profundiza con la decisión del tribunal de mantener a Soiza y Osuna bajo prisión preventiva.

En un giro legal significativo, el tribunal encargado del caso de Delitos Económicos, respondiendo al pedido del fiscal Juan Narvaez, ha confirmado por mayoría la continuidad de la prisión preventiva para Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna. Ambos figuran entre los tres imputados por presuntas estafas relacionadas con planes sociales y permanecerán detenidos bajo esta medida cautelar. Una solicitud de las defensas para cambiar la detención a un régimen domiciliario fue rechazada por dos de los magistrados, respaldando así la decisión de prisión preventiva que fue inicialmente establecida por una jueza de garantías el pasado 10 de noviembre.

La novedad significativa radica en la modificación del plazo de la prisión preventiva. Mientras la fiscalía abogaba por ratificar los seis meses inicialmente impuestos, los jueces que formaron la mayoría redujeron este período a dos meses. Esta ajustada decisión refleja la complejidad y la delicadeza del caso que involucra supuestas estafas en la gestión de un plan social destinado a mitigar las necesidades derivadas del desempleo en la provincia.

El fiscal Narvaez reiteró la naturaleza crítica de las medidas cautelares en esta causa, destacando la necesidad de neutralizar cualquier riesgo de obstrucción a la investigación, ya sea mediante la destrucción u ocultación de evidencias o influencia indebida sobre terceros. La acusación se centra en un grupo de individuos, encabezados por exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, que presuntamente llevaron a cabo estafas mediante la gestión de un plan social.

La investigación en curso, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, revela que estas maniobras fraudulentas iniciaron con el reclutamiento de beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018. Sin embargo, la ejecución de las estafas se tradujo en que los beneficiarios no recibieran el total del monto asignado, generando un perjuicio económico y social.

Ricardo Soiza, Marcos Ariel Osuna y Néstor Pablo Sanz son señalados como líderes de esta organización fraudulenta. Los tres, exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, enfrentan cargos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito. La fiscalía atribuye roles similares a otros dos exfuncionarios de alto rango del Poder Ejecutivo: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

En total, cinco individuos son acusados de liderar esta asociación ilícita, mientras que otros 26 enfrentan cargos por integrarla. El conteo total de hechos fraudulentos, en concurso real, asciende a 9,303, abarcando un amplio espectro de delitos que van desde asociación ilícita hasta fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito.

Este último desarrollo judicial anticipa un viernes próximo donde se abordará un pedido similar respecto al tercer detenido en el marco de esta compleja causa, Néstor Pablo Sanz, quien también permanece con prisión preventiva. La comunidad observa con atención el despliegue de esta investigación, que no solo revela presuntas prácticas fraudulentas sino que también pone a prueba la integridad de figuras clave en el ámbito público.