La anulación del embargo millonario impuesto a directivos de Comarsa, empresa vinculada al tratamiento de residuos de Vaca Muerta, marca un giro en la investigación por contaminación en Neuquén, iniciada en 2014. La medida, tomada por un Tribunal de Impugnación, abre la discusión sobre nuevas medidas cautelares y reaviva la preocupación por la gestión de desechos peligrosos en la región.
El caso Comarsa, vinculado al tratamiento de residuos de Vaca Muerta en Neuquén, ha experimentado un nuevo episodio judicial con la anulación de un millonario embargo impuesto a directivos de la empresa. La medida, dictada por un Tribunal de Impugnación, revierte una acción cautelar tomada por la Fiscalía Ambiental en febrero, marcando un punto de inflexión en la investigación por contaminación que data desde 2014.
La investigación se centra en el incumplimiento de la empresa respecto al tratamiento de residuos semi-sólidos, comprometido contractualmente con YPF S.A., su principal cliente. La acumulación de estos residuos dentro del predio de Comarsa, ubicado en el Parque Industrial de Neuquén, generó preocupación por posibles daños ambientales y la contaminación en zonas residenciales cercanas.
El embargo millonario, inicialmente impuesto para cubrir el posible saneamiento del predio contaminado y resguardar el patrimonio producto del delito, fue revocado en marzo. Esta decisión, mayoritaria en el Tribunal de Impugnación, estableció que las medidas cautelares deben ser reconsideradas ante un juez de Garantías, marcando un nuevo capítulo en el proceso judicial.
El caso Comarsa ha sido impulsado por diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, junto con la Confederación Mapuche. La preocupación por la gestión de residuos peligrosos en la región ha sido creciente, especialmente ante la proximidad de la empresa a zonas urbanas densamente pobladas.
La investigación reveló que, desde 2014, Comarsa ha recibido residuos por encima de su capacidad instalada de tratamiento, generando una acumulación de estos dentro del predio. Esta situación ha sido objeto de manifestaciones públicas debido a los olores y emisiones contaminantes detectadas en la zona.
A pesar de los intentos de la empresa por reubicar sus actividades fuera del ejido municipal y cumplir con regulaciones ambientales, la acumulación de residuos peligrosos ha persistido, generando incertidumbre y preocupación en la comunidad. La revocación del embargo marca un nuevo hito en este proceso judicial, que sigue siendo objeto de atención y debate en Neuquén y más allá.
