Un estudio de Techo y Jóvenes x el Clima revela que 4 de cada 10 barrios populares en Argentina están en zonas de riesgo ambiental grave, poniendo en peligro a miles de familias.

Un informe reciente elaborado por las organizaciones Techo y Jóvenes x el Clima ha revelado datos alarmantes sobre la situación de los barrios populares en Argentina. Según el estudio, el 40% de estos barrios enfrenta al menos un factor de riesgo ambiental significativo, como la exposición a inundaciones y la proximidad a microbasurales, lo que incrementa el peligro para las familias que viven en estas zonas vulnerables.

El estudio indica que el 50% de los barrios populares están ubicados en áreas propensas a inundaciones, mientras que un 30% presenta microbasurales en sus inmediaciones. Esta combinación de riesgos es particularmente preocupante en el Gran Buenos Aires, el NOA y la región pampeana, donde la falta de infraestructura adecuada agrava los problemas. En estas zonas, la falta de recursos para enfrentar fenómenos climáticos adversos como tormentas o lluvias intensas pone en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas.

El informe subraya la urgente necesidad de que el gobierno implemente políticas públicas que aborden la exposición a estos riesgos ambientales en los barrios populares. Estas políticas son cruciales para proteger a las comunidades más vulnerables, que enfrentan graves desafíos en su vida diaria debido a la precariedad de sus condiciones de vivienda y la falta de acceso a servicios básicos.

Techo, una organización no gubernamental que trabaja en América Latina para combatir la pobreza en asentamientos precarios, y Jóvenes x el Clima, un movimiento juvenil argentino enfocado en la justicia climática, hacen un llamado a la acción para mitigar estos riesgos. Ambas organizaciones destacan la importancia de la acción conjunta entre voluntarios y habitantes de estas comunidades para superar las dificultades y construir un entorno más seguro y sostenible.

Este informe sirve como un llamado de atención para que tanto el gobierno como la sociedad civil redoblen esfuerzos en la protección de los barrios populares frente a los riesgos ambientales, garantizando que las familias que residen en estos lugares puedan vivir en condiciones más dignas y seguras.