A través del decreto 780/2024, el gobierno nacional introdujo cambios significativos en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando el acceso a ciertos datos relacionados con la vida privada y la seguridad.
El gobierno de Javier Milei ha implementado cambios importantes en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través del decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial. Estas modificaciones restringen el acceso a información que previamente podía solicitarse, levantando preocupaciones sobre la transparencia en la gestión pública.
Entre las principales modificaciones, se redefinió el concepto de «información pública», excluyendo datos de naturaleza privada generados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas, a menos que exista un interés público comprometido. Esta exclusión abarca información sobre funcionarios de la administración nacional, miembros del Congreso, el Poder Judicial, empresas del Estado, y otros actores clave del sector público.
Además, el decreto establece que el gobierno no está obligado a divulgar información que podría revelar rutinas, ubicaciones o datos sensibles de personas, como investigaciones en curso o denuncias, bajo el argumento de proteger la seguridad y la privacidad. Esto incluye, por ejemplo, información relacionada con los perros de Milei, una cuestión que ha sido especialmente sensible para el mandatario. Los cuatro mastines ingleses, clonados tras la muerte de su perro original, Conan, residen en la Quinta de Olivos, pero el gobierno ha decidido mantener la confidencialidad sobre este tema.
El decreto también impone nuevos requisitos formales para solicitar acceso a la información pública, demandando una mayor identificación tanto de personas humanas como jurídicas que deseen iniciar estos trámites. Además, regula las excepciones para la solicitud de datos, incluyendo información clasificada como secreta por razones de defensa, política exterior o seguridad interior, que permanecerá reservada por al menos 10 años.
Estas medidas han generado debate sobre el impacto que tendrán en la transparencia y el derecho a la información. Mientras el gobierno defiende estos cambios como necesarios para proteger la seguridad y la privacidad, críticos argumentan que pueden dificultar el acceso a información pública relevante, lo que contrasta con la supuesta defensa de la libertad de expresión que promueve la administración de La Libertad Avanza.
