El asesor de Milei, Santiago Caputo, ocupa un cargo en una empresa agropecuaria vinculada a su familia y que comparte domicilio con una firma que transfirió millones al grupo antiK Revolución Federal. Su situación plantea interrogantes sobre transparencia y conflicto de intereses.

Santiago Caputo, miembro clave en el círculo cercano del presidente Javier Milei, se encuentra en el centro de una controversia por su empleo en una firma agropecuaria y su vínculo con el grupo violento antiK Revolución Federal. Aunque figura como monotributista en el gobierno, Caputo es el único empleado registrado de Zefico, una sociedad con vínculos familiares y que comparte domicilio con la firma Caputo Hermanos, que transfirió más de 13 millones de pesos al grupo extremista.

La empresa Zefico, creada el 20 de abril de 2021, está vinculada al agro y a los negocios inmobiliarios. Su domicilio en Avenida Santa Fe 1385, que anteriormente pertenecía a la escribanía de su padre, Claudio Caputo, ahora fallecido, también albergó a Caputo Hermanos, involucrada en la transferencia de fondos cuestionados. La relación de Caputo con Zefico es notable, considerando que, a pesar de tener un cargo relevante en el gobierno, no está obligado a presentar declaración jurada de sus bienes debido a su estatus de monotributista.

El ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, ha señalado que, de acuerdo con normativas internacionales, Caputo debería ser considerado un funcionario y, por lo tanto, tener la obligación de transparentar su patrimonio. Sin embargo, la actual administración, bajo la dirección de Milei, parece permitir esta excepción, generando dudas sobre la legalidad y la ética de su situación.

La falta de transparencia y la conexión entre Zefico y Caputo Hermanos subraya la necesidad de un examen riguroso por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) y la AFIP para esclarecer la legitimidad de las operaciones y el cumplimiento de las normativas. La situación plantea serias preguntas sobre la integridad del entorno del gobierno actual y la correcta aplicación de las leyes de transparencia.