El flamante ministro de Desregulación prepara su primera medida ejecutiva. Serán eliminados el INADI, el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas, entre otras 60 dependencias.
En una jugada sin precedentes, el recién nombrado ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, se apresta a firmar un decreto que eliminará o reformará unas 60 dependencias públicas. Esta medida, conocida preliminarmente como «decreto 51», incluye la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El objetivo principal es reducir el gasto público y eliminar organismos que, según el gobierno, no tienen un fin necesario para la función pública y han sido utilizados para desviar fondos durante administraciones anteriores.
Desde la Casa Rosada, se indicó que estos cierres forman parte de una política integral para desmantelar instituciones que se consideran «cajas de la política» o que sirven para generar empleo militante. Esta estrategia, promovida como parte del discurso contra la «casta» política, busca simplificar el organigrama estatal y eliminar las «trabas del Estado». Sin embargo, esta decisión implica un considerable gasto en indemnizaciones y retiros voluntarios, lo que ha generado controversia.
El cierre del INADI había sido anunciado en febrero, pero recién ahora se concretará con la firma del decreto de Sturzenegger. La lista completa de organismos afectados aún no ha sido revelada, pero incluye dependencias de varios ministerios, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), y el Instituto Nacional del Teatro (INT). Estas eliminaciones buscan cumplir con la meta de desvincular a 70 organismos públicos, fijada poco después de asumir el actual gobierno.
A pesar de la promesa de reubicar a los empleados afectados, la medida generará despidos y tensiones dentro del gabinete. Los fundamentos de esta decisión giran en torno a la eficiencia y la reducción de gastos superfluos en la administración pública, aunque el costo de las indemnizaciones podría ser significativo. La medida de Sturzenegger es un paso crucial en la agenda de desregulación y modernización del Estado, alineada con la visión del presidente y sus asesores de reducir la burocracia y optimizar el uso de recursos públicos.
