La Secretaría de Energía eliminó los precios máximos de referencia para promover la competencia, lo que resultará en un aumento en el costo de las garrafas de gas, impactando especialmente a los hogares de bajos recursos.

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Energía, ha decidido desregular el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), una medida que tendrá un impacto directo en el costo de las garrafas de gas, utilizadas mayoritariamente por hogares de bajos recursos. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 216/2024, publicada en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo fomentar la «competitividad de la oferta y la demanda» en el mercado del GLP.

La Secretaría de Energía, encabezada por Eduardo Chirillo, justificó esta medida en la necesidad de promover la libre competencia, eliminando los precios máximos de referencia que hasta ahora regían en las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público. Según los argumentos del Ejecutivo, esta desregulación busca evitar que los precios topes obstruyan la cobertura real de las variaciones en los costos, permitiendo que el mercado se ajuste de manera más dinámica y eficiente.

Con esta desregulación, se espera que las garrafas de gas registren un aumento significativo en sus precios. Los nuevos valores estimados serán de $8.500 para la garrafa de 10 kg, $10.200 para la de 12 kg, y $12.700 para la de 15 kg, incluyendo impuestos.

El GLP es un combustible esencial en muchos hogares, especialmente en aquellos donde no llega el servicio de gas por red. Se utiliza para cocinar, calentar agua y proporcionar energía en diversas aplicaciones domésticas. La suba en los precios de las garrafas podría tener un impacto considerable en la economía de los sectores más vulnerables, que dependen de este recurso para sus necesidades básicas diarias.

El Gobierno sostiene que esta medida producirá una mayor eficiencia económica y estimulará la inversión en el sector, elevando al mercado local de GLP a estándares internacionales. Sin embargo, queda por ver cómo esta política afectará a corto y mediano plazo a los consumidores, especialmente a aquellos con menores ingresos, que verán incrementados sus gastos en energía.